El canciller Rogelio Mayta recordó que hace más de una década se solicitó la extradición, cumpliendo todas las formalidades, y hasta ahora el gobierno estadounidense “simplemente no se ha pronunciado”.
La Paz, 20 de junio de 2023 (AEP-Digital).- El gobierno del presidente Luis Arce seguirá recordando a Estados Unidos que el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado de la muerte de más de 60 personas en la masacre de octubre de 2003, continúa pendiente, afirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.
“En este caso, una vez que se ha hecho el pedido, lo que puede hacerse es recordar que la solicitud está pendiente. Eso es lo que se ha realizado durante esta gestión de gobierno, es lo que se puede hacer en el marco de las reglas del derecho internacional, y es lo que se va seguir haciendo”, dijo en conferencia de prensa.
Asimismo, el Canciller de Bolivia explicó que una solicitud de extradición es una determinación absolutamente soberana de cada Estado.
“Durante este Gobierno hemos enviado varias comunicaciones para recordarles que hay una obligación pendiente, porque entre Bolivia y EEUU tenemos un tratado de extradición, merecería pues que se pronuncie en algún momento”, mencionó Mayta.
Detalló que hace más de una década se solicitó la extradición, cumpliendo todas las formalidades y hasta ahora el gobierno estadounidense “simplemente no se ha pronunciado”.
A criterio de la autoridad, esa no es práctica extraña, pues varias personas que han formado parte de los gobiernos de facto en Latinoamérica, “en un oscuro tiempo de la historia entre los años 70 y parte de los 80, que cumplían mandatos y se alineaban a la política de EEUU, han terminado refugiándose ahí, sin que procedan solicitudes de extradición”.
El expresidente y principal representante de la vieja derecha, del neoliberalismo y la capitalización de las empresas estatales, junto con su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, es el principal protagonista de aquel 12 y 13 de febrero de 2003, cuando se pretendía aplicar un “impuestazo al salario”, eliminar el crédito fiscal con facturas del RC-IVA y ampliar el universo de contribuyentes para cubrir un déficit fiscal del 8,9%, y reducir el Impuesto o las Transacciones (IT).
Ese hecho provocó un motín policial, cuyo escenario fue el centro del poder político, plaza Murillo, donde murieron 34 personas y al menos 200 quedaron heridas.
El otro hecho que marca la historia política de Sánchez de Lozada es la masacre de octubre de 2003.
Ese año, la coalición de gobierno —conformada por el MNR-MIR-NFR y ADN—, al ver el fracaso de la capitalización de las principales empresas estatales, intentó vender el gas a un precio regalado a Estados Unidos y sacarlo por puertos chilenos, según describen los medios escritos en esa época.
Esto causó una protesta generalizada de la población, sobre todo del campo, quienes iniciaron una huelga de hambre en radio San Gabriel, dirigida por el extinto líder indígena Felipe Quispe, el ‘Mallku’.
Luego vino la represión en la ciudad de El Alto, con la denominada “masacre de la muerte”, que derivó en el deceso de más de 60 personas y 400 heridos.
El canciller Mayta recordó que, en 2018, la búsqueda de justicia de las víctimas, después de años de iniciar un proceso en EEUU, desembocó en un juicio oral y una sentencia en contra de Sánchez de Lozada.
Durante el juicio sus abogados hicieron énfasis en su estado de salud y otras limitaciones que tenía, como mecanismo de defensa para sensibilizar al jurado en el proceso por la masacre de Octubre Negro de 2003.
“Las víctimas lo fueron a perseguir donde pensaban que era inalcanzable. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain, sentados en el banquillo de los acusados, lastimosamente no ante la justicia boliviana, pero sí ante la justicia de EEUU”, relató Mayta, quien fue abogado defensor de los mártires y estuvo presente en ese juicio.
Rememoró que, tras años de búsqueda de justicia, entre marzo y abril de 2018 un jurado de ciudadanos norteamericanos, que no hablaba español, “al que no le podían decir de ninguna manera que fue parcializado, que conoció solo la prueba que se le pudo mostrar”, determinó la culpabilidad de ambos políticos.
Propuesta
El fin de semana reapareció Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, con una propuesta de retornar a la República liberal antidemocrática, lo que provocó una ola de rechazos por parte de distintos sectores del país, quienes le recordaron su pasado.
“Qué grandioso es nuestro país, que grandiosa es nuestra democracia, que le permiten a ese señor perseguido por la justicia, masacrador junto con Sánchez Berzain, de nuestro pueblo que venga a decirnos cómo debemos organizarnos, cómo deberíamos hacer una nueva Constitución”, afirmó el Canciller.
“Si algo le pudiera decir es lo que pasa no despasa, en 2003 el pueblo boliviano definió su destino, dijo Asamblea Constituyente, que los recursos naturales debían ser de los bolivianos, que querían una sociedad incluyente, que no haya ciudadanos de primera, segunda ni de tercera, que todos los bolivianos nos reencontremos y eso se pudo concretar en la Constitución Política de 2009, que tiene muchísimas cosas positivas”, agregó.
En relación a los planteamientos del prófugo de la justicia boliviana dijo que diversas revistas influyentes como The Economist dan cuenta que ya transcurrió el fin del neoliberalismo, el cual defiende Sánchez de Lozada, y más bien afirman que en la actualidad se vive el periodo complejo, preocupante, de la desglobalización. En ese sentido, Mayta dijo que se evidencia que Goni “no conoce la realidad nacional e internacional”.
¿Quién es Gonzalo Sánchez de Lozada?
Para las nuevas generaciones probablemente su nombre signifique poco o no lo recuerden siquiera, pero Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia, elegido en las urnas en un segundo periodo en 2002. Durante su mandato, manifestó un pensamiento alineado con el neoliberalismo, que en la actualidad mantiene, según el análisis del ministro Mayta.
De acuerdo con la autoridad, en la concepción de vida y política de Sánchez de Lozada todo debería ser administrado por el sector privado.
Esa es la visión que prevaleció durante su administración del Estado. En ese tiempo los recursos naturales, lo que corresponde al país, podía ser concesionado a las empresas privadas, “para que poco o nada quede como beneficio para los bolivianos, como ocurrió históricamente por siglos”.
“Ese presidente fue el que se negó a realizar una Asamblea Constituyente, fue quien se negó a cambiar las reglas del juego en la explotación de hidrocarburos para mantener el mayor beneficio de las empresas contra el pequeño beneficio para los bolivianos”, reprochó el Canciller.
En su forma de ver la vida, el 80% de los recursos del país era para las empresas; y solo el 20% para el pueblo boliviano y defendió esa posición, indicó.
“En los tiempos de Sánchez de Lozada el salario mínimo nacional era de 350 bolivianos; mientras los ministros de Estado ganaban alrededor de los 35.000 bolivianos y gozaban adicionalmente de los que se denominaba, entre comillas, pluses adicionales, que iban de 5 mil dólares para arriba, que no se registraban en ningún lugar porque se hacía con lo que se denominaba gastos reservados”, recordó.
Sánchez de Lozada huyó del país el 17 de octubre de 2003, cuando la movilización popular se mostraba incontenible, porque el pueblo boliviano gritaba que no podía tener un presidente masacrador, aunque lo hayan elegido en las urnas, porque no concebía que tanques dispen contra la población civil que se manifestaba.
“Escapó de la justicia boliviana, pero la convicción de las víctimas, de los familiares de los asesinados no lo ha dejado en paz nunca, en un largo proceso en busca de justicia”, agregó Mayta.
