Es una de las resoluciones emitidas en el ampliado celebrado en Sucre. El sector también rechaza las movilizaciones con fines políticos e individuales.
El ampliado de la CSUTCB, celebrado en Sucre, determinó exigir al Legislativo aprobar créditos y otras leyes en 30 días; de lo contrario, iniciarán movilizaciones. También piden al Gobierno nacional que sancione, de forma drástica, a las supuestas “mafias” que cometen agio, especulación y contrabando con productos nacionales.
“Les estamos dando 30 días, caso contrario iniciaremos una marcha nacional con la toma de la Asamblea Legislativa”, dio lectura un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en conferencia de prensa.
Esta es una de las resoluciones que se emitió en el ampliado nacional extraordinario de los trabajadores campesinos celebrado el jueves, en Sucre.
Otra determinación es reforzar el control de los precios de los productos de la canasta familiar, sobre todo de alimentos elaborados por agroindustriales, como carnes, arroz, aceite, azúcar y otros; así como “sancionar drásticamente” a quienes cometen agio y especulación. La CSUTCB considera que detrás existen “mafias organizadas”.
Se pidió actuar de igual forma contra quienes contrabandean el combustible.
Los evistas y agroindustriales rechazan el control
El control estricto que exigen las bases y la dirigencia de la CSUTCB está plasmado en la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, las entidades competentes, podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Sin embargo, esta medida es rechazada por grupos ligados a Evo Morales, que desarrollaron ayer una marcha protagonizada por gremialistas dirigidos por Toño Siñani y por agroindustriales, pese a que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que la disposición no apunta a los productores, sino a los contrabandistas y se aplica contra quienes cometen agio y especulación.
En las resoluciones emergidas del ampliado de la confederación de trabajadores campesinos se reconoce que la especulación tiene un fin y éste es “desestabilizar” el actual Gobierno. Por eso exigen el control “riguroso y efectivo”, detalla parte del documento.
Rechazo a las movilizaciones políticas
El secretario general de esta organización matriz, Mario Seña, enfatizó en que las resoluciones del ampliado son de “estricto cumplimiento”, por tanto los parlamentarios tienen 30 días para aprobar todos los créditos pendientes. “Ya no vamos a permitir más bloqueos”, aseguró.
En la Asamblea Legislativa están paralizados más de 14 proyectos de inversión, algunos son para la atención de emergencia por desastres naturales y esperan su aprobación desde la anterior gestión.
El dirigente comunicó que también se resolvió rechazar cualquier movilización con “tintes políticos e intereses personales”, porque solo afectan a la producción nacional, a las familias y a la economía en su conjunto.
“Rechazamos que por intereses personales se utilice a grupos u organizaciones. Eso no lo vamos a permitir”, insistió. Debido a las últimas movilizaciones, la CSUTCB se declaró en emergencia y se anunció que se tomarán medidas junto a la dirigencia del Pacto de Unidad.
Cuestionan que los legisladores marchen en vez de “trabajar”
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga indicó que, si es pertinente, pedirá informes a las instancias que correspondan para conocer si los legisladores que encabezaron la marcha evista pidieron licencia.
“Si alguien les dio permiso, creo que debe ser sancionado porque cómo pueden marchar por la impunidad de Evo”, dijo.
El dirigente de la CSUTCB Hugo Casillas cuestionó que la marcha evista esté encabezada por legisladores como Leonardo Loza, y se deje de lado el trabajo en la Asamblea Legislativa.
La Paz/AEP
