Cualquier persona mayor de edad puede interponer una denuncia con pruebas hasta tres días antes de los comicios, previstos para el 1 de diciembre.
Las demandas por inhabilitación corren desde la postulación del o la candidata a magistrado y pueden presentarse hasta tres días antes del 1 de diciembre, fecha de las elecciones judiciales. Si algún aspirante cometió alguna falta luego de la emisión de la convocatoria para la preselección y si esta fue registrada, puede proceder la denuncia, informó el TSE.
La medida nace de la Ley 026 de Régimen Electoral, que en su artículo 82 numeral 1 establece que “las y los postulantes, desde el momento de su postulación, bajo sanción de inhabilitación, estarán prohibidos de efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales o espacios públicos”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitió la convocatoria para la preselección de magistrados al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en febrero de este año.
De acuerdo con un taller de capacitación organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a candidatos a magistrados, si la falta fue registrada por alguna persona, esta puede presentar una demanda de inhabilitación contra la o el infractor.
El 1 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones judiciales en el país. Desde 2011 hasta ahora es el tercer proceso electoral en que las y los bolivianos eligen a las altas autoridades judiciales mediante voto democrático.
PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA
Toda persona mayor de edad y hábil por derecho puede presentar una demanda de inhabilitación contra el candidato que cometió una falta.
El plazo para presentar una demanda de inhabilitación rige desde la emisión de la convocatoria para la preselección en la ALP hasta tres días antes del acto electoral, previsto para el 1 de diciembre, tiempo excepcional.
“Pueden ser planteadas a demanda de parte o de oficio”, se apuntó en el taller.
Procedimiento
Una demanda de inhabilitación debe ser presentada con pruebas que acrediten la veracidad de la denuncia. El demandante debe dar a conocer sus datos ante el TSE o ante los tribunales departamentales que corresponda.
Los tribunales electorales departamentales actuarán de oficio cuando, “a través del monitoreo realizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), se detecten vulneraciones al régimen de prohibiciones por parte de los candidatos”, indica el reglamento de difusión de méritos aprobado por el TSE.
La demanda se responderá en 24 horas, y el demandado tendrá 48 horas para apelar.
Los tribunales departamentales pueden inhabilitar a un aspirante; sin embargo, el TSE tiene la útima palabra, en caso de que se apele.
Actualmente están en carrera 128 candidatos a ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura; renunciaron 11: nueve mujeres y dos varones.
Debido a las inhabilitaciones que se puedan presentar antes de las elecciones judiciales, la nómina de candidatos será actualizada permanentemente por el Tribunal Supremo Electoral.
La vocal Nancy Gutiérrez pidió a los aspirantes actuar con ética, pues como futuros administradores de la justicia no pueden infringir las normas.
“Recomendarles que lleven con ética el proceso electoral, pues son los que van a administrar la justicia y no pueden empezar mal, infringiendo normas”, remarcó la vocal en la conferencia brindada por el TSE el miércoles.
Monitorearán cuentas de redes de los aspirantes
El Tribunal Supremo Electoral monitoreará las cuentas de redes sociales de las candidaturas de alcance nacional (Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental), y los tribunales electorales departamentales rastrearán las cuentas de redes sociales de candidaturas departamentales (Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional) que fueron registradas en el Tribunal Supremo Electoral.
El control tiene el propósito de verificar el cumplimiento de las normas electorales y ver que ningún candidato cometa una falta.
La Paz/AEP
