Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, expulsó el pasado viernes de sus filas a ocho legisladores por haber actuado fuera de su línea, acción que fue calificada como “matonaje político”.
La Paz, 10 de octubre de 2023 (AEP). - Diputadas de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una denuncia penal por violencia política, alegando que su expulsión de la bancada es un claro ejemplo de prácticas antidemocráticas.
Las diputadas Krupskaya Oña y Mónica Torres, afectadas con la determinación, señalaron que esta es ilegal, puesto que no tuvieron un debido proceso y el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, se constituyó en “juez, parte y verdugo”.
“Esto se convierte en una persecución política que desea inducir a la esclavitud política y al pongueaje en Comunidad Ciudadana, puesto que nos demuestra que si uno no hace lo que él dice, estamos fuera”, señaló Oña.
Además, las diputadas indicaron que existe un ambiente de persecución política, teniendo en cuenta que el 16 de octubre se llevarán a cabo elecciones internas en CC, y Urquidi habría intentado eliminar a la competencia.
Esta denuncia penal por violencia política arroja luz sobre las tensiones internas dentro de Comunidad Ciudadana y plantea serias interrogantes sobre la transparencia y democracia en el proceso de selección de candidatos en un momento crucial de la política boliviana.
Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, expulsó el pasado viernes de sus filas a ocho legisladores por haber actuado fuera de su línea, acción que fue calificada como “matonaje político” por el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.
“Es lamentable este tipo de prácticas, no solo de Comunidad Ciudadana, sino también dentro del mismo MAS se practica el matonaje político. Existe una falta de cultura política y se busca amedrentar a diputados, a que obedezcan órdenes ciegas de sus jefes. Eso está mal”, cuestionó Mercado ante los medios de prensa.
CC apartó de sus filas a Krupskaya Oña Sánchez, Ronald Huanca López, Mariel Peñaloza Lema, Daniel Prieto Tomelich, Mónica Torres Campuzano, Doris Torres Antezana, Herbert Taboada Pérez y Leslie Vega Vallejos. La decisión fue tomada porque estos parlamentarios no reportaron sus votos en contra durante la aprobación del proyecto de Ley de manillas electrónicas.
