También revelaron que la activista cedió 80 metros cuadrados de la institución a un privado y que intenta transgredir estatutos orgánicos para perpetrarse.
La Paz, 05 de junio de 2023 (AEP-Digital).- El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, denunció este lunes que Amparo Carvajal hizo movimientos económicos irregulares en esa institución y que incluso cedió 80 metros del predio a privados durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
“En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se manejaban grandes recursos económicos y a nosotros nos hace pensar que se lavaba dinero al interior de la Asamblea. Va ser un auditor externo el que dará a conocer a través de un informe esta situación”, dijo en rueda de prensa.
El titular de la APDHB detalló que en instalaciones de la institución se encontraron respaldos de cheques cancelados entre banderas de agrupaciones políticas; poleras en defensa de Jeanine Añez, entre otros objetos.
Salazar adelantó que se creará un tribunal popular para la contratación de un auditor para la revisión económica de los recursos que manejaba Carvajal, con el fin de hacer la denuncia ante los organismos internacionales.
Así también denunció que la activista cedió 80 metros cuadrados que pertenecen a la APDHB a un condominio de propiedad privada.
Por otro lado, aclaró que, durante la recuperación de los ambientes de la APDHB, Carvajal no se encontraba en el lugar. Descartó que el proceso haya sido violento. Dijo que organizaciones afines en la defensa de los derechos humanos, movimientos populares y ciudadanos coadyuvaron en la tarea.
“Tenemos el acta de elección, de posesión, la personería jurídica, la representación ante Impuestos nacionales; una resolución constitucional, la 174/2022, que reconocen la representación como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a Édgar Salazar”, explicó la autoridad.
Recordó que en 2022 denunciaron a Carvajal ante la Federación internacional de Derechos Humanos por no haberse pronunciado ante las masacres de Senkata y Sacaba, que provocaron 38 muertes, heridos y cientos de detenidos antes y durante el gobierno de facto de Añez.
“(La denuncia está) debidamente documentada, en ese sentido el Tribunal Popular también se va encargarse de juzgar a aquellos activistas que han manejado como botín político a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que no se han pronunciado ante las masacres, ante los abusos sexuales y violaciones de algunos miembros de la Iglesia Católica”, agregó.
