Los legisladores trasandinos pidieron la libertad de Añez, con sentencia a diez años de prisión y procesos en curso por genocidio, y de Camacho, con una veintena de procesos en ámbitos administrativos y penales, y les ofrecieron asilo.
La Paz, 06 de junio de 2023 (AEP).- El gobierno de Luis Arce restó ayer importancia al pronunciamiento de un grupo de senadores chilenos en favor de la expresidenta de facto Jeanine Añez y su socio político en la ruptura institucional de 2019 Luis Fernando Camacho.
Los legisladores trasandinos pidieron la libertad de Añez, con sentencia a diez años de prisión y procesos en curso por genocidio, y de Camacho, con una veintena de procesos en ámbitos administrativos y penales, y les ofrecieron asilo.
“Nosotros no le damos valor ni, por supuesto, mayores referencias”, señaló el vocero presidencial, Jorge Richter, ante consultas periodísticas.
La autoridad, sin embargo, fue claro al advertir de que la postura del grupo parlamentario representa una injerencia en asuntos internos de Bolivia.
No les corresponde, dijo la autoridad de la Presidencia, “inmiscuirse sobre lo que la justicia boliviana ha determinado”.
“No conocen el proceso democrático de Bolivia, las características de lo que significó noviembre de 2019, el daño que le confirió la señora Añez a la democracia de nuestro país, lo que ocurrió en Senkata y Sacaba, lo que fue la vulneración de la institucionalidad política democrática en Bolivia”, explicó.
Añez
El Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a la masacre de Senkata, en El Alto, que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.
Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.
Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales a las acciones de los militares, norma que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogada.
