Son dos causas abiertas en Cochabamba y La Paz. Los militares, amparados en la norma aprobada por el régimen de facto, dispararon a los bolivianos.
La Paz, 19 de abril de 2023 (AEP).- La exsenadora Jeanine Añez fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de asesinato, genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en grado de autoría, por las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en noviembre de 2019.
Son dos causas diferentes, una, la de Senkata, sentada en la jurisdicción de La Paz; la otra, de Sacaba, en Cochabamba.
Añez firmó el Decreto Supremo 4078, denominado de la muerte, norma que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.
“Es una imputación formal que presenta una comisión de fiscales que presenta como indicios probatorios 138 pruebas, además en razón de la investigación de la muerte de 10 personas en el caso denominado Masacre de Senkata con 19 heridos”, explicó el abogado Israel Quino.
El documento de la comisión de fiscales presentado ante un juez de la causa de El Alto señala que la imputada, al encontrase en el nivel de decisión y mando, tenía el control absoluto respecto a toda la estructura organizada de poder. Es en este nivel que se asumieron las decisiones en cuanto al despliegue de unidades policiales y militares en un contexto de operaciones conjuntas.
Quino explicó que el Ministerio Público en el momento de remitir la imputación formal tipifica el delito de asesinato por lo ocurrido en Sacaba, que tiene una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto y por genocidio con una pena de 15 a 30 años.
En el caso Senkata la imputación es por genocidio, homicidio, lesiones graves y leves, según la Fiscalía Departamental de La Paz.
El secretario de Relaciones Internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Alfredo Chávez, señaló que está conforme con la imputación contra la exsenadora.
“Se está demostrando que el Ministerio Público está haciendo su trabajo de forma objetiva, sin ninguna injerencia de los otros órganos del Estado. Eso significa que en Bolivia sí funciona la justicia y sí se protegen los derechos de las personas que son investigadas por diferentes hechos delictivos”, refirió Chávez.
