Lucho reafirmó su compromiso de acompañar a quienes aún claman justicia.
El Gobierno nacional dejó en claro el respeto a la independencia de los órganos del Estado, sin embargo instó a no olvidar a las víctimas, entre fallecidas, heridas y torturadas que dejaron las masacres de 2019. También recordó que no solo la CIDH, a través del GIEI, sino otros organismos como Amnistía Internacional exigen al Estado dar justicia por las graves vulneraciones de derechos.
El presidente Luis Arce aseveró que “resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial”.
“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente. El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, acotó el Presidente a través de sus redes sociales.
El mandatario reafirmó el respeto a la independencia de poderes, pero hizo un llamado a los operadores de justicia para que su labor se “guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas”.
La exhortación desde el Ejecutivo se da luego del fallo del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, que determinó declarar su incompetencia y anular el juicio del denominado Caso Senkata, con la que Jeanine Añez pasa a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
La anulación del caso Senkata también beneficia a otros 17 acusados, entre ellos 12 exjefes militares y policiales.
“Por el respeto a la humanidad, por la dignidad de las familias afectadas, reafirmamos nuestro compromiso de honrar la memoria de quienes partieron y de acompañar a quienes aún claman por justicia. ¡Memoria, verdad y justicia!”, acotó Arce.
Por su parte, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, remarcó que el Gobierno nacional es respetuoso de las determinaciones del Órgano Judicial, sin embargo pidió a las autoridades judiciales revisar los antecedentes y los informes internacionales que corroboran la comisión de graves vulneraciones de derechos humanos entre el 1 septiembre y el 31 diciembre de 2019.
Saravia recordó, además, que a raíz de los hechos luctuosos que se produjeron debido a las represiones militares y policiales en Senkata, en El Alto; El Pedregal, Huayllani, en La Paz; y Sacaba, en Cochabamba, organismos internacionales, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), registraron 37 fallecidos, más de 400 personas heridas y 70 torturados.
“Estas víctimas no han sido reconocidas por nosotros sino por expertos internacionales que dependen de diferentes instancias de derechos humanos; por tanto, lo único que nos queda como Estado es garantizar la reparación, pero sobre todo que no exista impunidad de estos hechos, por un simple motivo: por memoria, verdad y justicia”, reflexionó.
Organismos confirman masacres y vulneración en 2019
Entre los organismos internacionales que respaldan, mediante informes, las graves vulneraciones de 2019 están la CIDH, a través del GIEI, que dejó 36 recomendaciones a los órganos del Estado, para aplicar sanción y reparación a las víctimas, dijo Saravia.
Otras instituciones que respaldan las graves vulneraciones son Aministía Internacional, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y otras.
En el caso de Amnistía Internacional, la ministra remarcó que este organismo observó el Decreto Supremo 4078, conocido como el “Decreto de la Muerte”, aprobado durante el régimen de Añez, con el que se dio aval a las Fuerzas Armadas para reprimir a manifestantes y personas en 2019, vulnerando derechos humanos.
“Esta organización tamnién recordó al personal de las fuerzas de seguridad que no solo deben rendir cuentas por acciones a título individual, sino también son responsables penalmente todos los superiores que dicten órdenes ilícitas o que dirijan operaciones”, apuntó.
Expertos del GIEI en una visita a las víctimas de Senkata, 2019. | Foto: Archivo
El activista David Inca, quien es uno de los representantes las víctimas de Senkata, detalló que son siete los organismos internacionales que dan fe sobre las masacres ocurridas en 2019. Además de la CIDH, están Parlasur, las Abuelas de Plaza de Mayo, Derechos Humanos de Harvard y otros.
Añez ya tiene sentencia por el caso Golpe II
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, recordó que Jeanine Añez ya cuenta con una sentencia ejecutoriada por el caso Golpe II, por el cual cumple una pena privativa de libertad de 10 años.
“En el caso de Golpe II, el año 2023 se ha dictado una sentencia en contra de la señora Jeanine Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Existe actualmente una sentencia condenatoria por el plazo de 10 años”, recordó la autoridad.
Al margen de este caso, el abogado de Añez, Luis Guillen, recordó que su defendida tiene otros nueve procesos en su contra, por lo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la revisión de la detención preventiva no implica su liberación inmediata y que cada proceso contra ella debe seguir sus procedimientos y plazos.
“Hay diferentes pasos a seguir en cada uno de los nueve procesos que se han seguido. Hay procesos que tenían detención preventiva, entre ellos se encuentra el proceso de Senkata, donde tenía una detención preventiva”, indicó el abogado a Urgente.bo
El viernes también se definirá la situación judicial de Añez, añadió.
Alcón ratifica el respeto a los órganos del Estado y rechaza la idea de presión
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que aún existe un tema pendiente sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani ocurridos en 2019, y estos casos deben seguir el debido proceso. También rechazó que haya habido presión a la justicia.
“Existe un tema pendiente en el país y eso es importante decirlo, la investigación, y todo lo que lleva adelante tiene que seguir el curso en el marco del debido proceso. Nosotros vamos a respetar, pero dejamos en claro que hay un tema pendiente que implica verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas que tenemos en Sacaba, Senkata, Huayllani y Pedregal”, afirmó la viceministra.
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, también rechazó la denuncia del juez David Kasa, quien anuló el caso Senkata, en sentido de haber sido víctima de persecución durante el proceso judicial por el caso Senkata, que involucra a Jeanine Añez.
AEP
