El diputado Jáuregui anticipa que habrá “impunidad” en este caso.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui cuestionó ayer la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez, señaló que se estaría desconociendo el principio fundamental de justicia.
“Nosotros no compartimos estas decisiones porque se le está dando un nuevo sentido a la palabra justicia”, afirmó ante radio Panamericana.
El legislador advirtió de que el proceso contra la exsenadora enfrenta obstáculos tanto jurídicos como políticos.
En lo jurídico, sostuvo, falta garantizar ante el Tribunal Supremo de Justicia el permiso, un requisito señalado por sentencias constitucionales.
En lo político, señaló que la autorización para iniciar un juicio de responsabilidades depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y de la aprobación por dos tercios de sus miembros.
“Con la composición actual de la ALP, no se garantizarán los dos tercios. La situación futura es aún peor: si no hay dos tercios, el caso se archivará, y eso sería impunidad”, alertó.
Jáuregui dijo que estas limitaciones ponen en riesgo la transparencia y la legitimidad del proceso.
SACABA Y SENKATA
La justicia procesa a la expresidenta de facto en la vía ordinaria por la muerte de más de una treintena de civiles desarmados en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, durante la crisis de 2019.
El Ministerio Público determinó el proceso penal contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, vinculados a las masacres de Senkata y Sacaba.
Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.
Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales a las acciones de los militares, que luego de los operativos y las masacres fue abrogado.
Las muertes ocurrieron, según las comisiones de fiscales de ambos departamentos, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal a los militares”.
MASACRE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, considera que lo ocurrido en Sacaba y Senkata son masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019. Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Añez a la presidencia.
AEP
