Pero la fecha definitiva está condicionada a las decisiones que asuman el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Asamblea Legislativa.
El reelecto presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó ayer que están sentadas las bases para las elecciones judiciales este año, pero la fecha definitiva está condicionada a las decisiones que asuman el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Asamblea Legislativa.
“Están sentadas las bases para llevar este proceso de la mejor manera posible, pero no podemos asegurar cuándo van a empezar esas actividades (calendario)”, explicó en conferencia de prensa luego de su reelección como titular del TSE para los próximos dos años.
Acompañado del electo vicepresidente Francisco Vargas y del resto de vocales, recordó que el proceso de preselección de candidatos, que le corresponde a la Asamblea Legislativa, fue paralizado por segunda vez en virtud a una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.
En su petitorio, el legislador opositor alega que corresponde una ley para este proceso de preselección de candidatos, como sucedió en 2017. Además pidió la aprobación por dos tercios de todas las fases del trabajo para la preselección de candidatos judiciales.
Esta es la segunda versión del reglamento de preselección que es objetada y suspendida en su aplicación. El primer proceso de preselección fue suspendido el 13 de abril por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos.
Para destrabar este proceso, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se prepara una ley que acortará los plazos para la preselección.
Planteado este escenario, Hassenteufel afirmó que el Órgano Electoral hizo análisis técnicos de los plazos mínimos y máximos para garantizar una elección de calidad, que cumpla con los estándares internacionales y certifique la participación efectiva e informada de los bolivianos.
