Lima cuestionó el escaso aporte intelectual de los legisladores y citó los 15 proyectos de ley de límites entre municipios, que fueron elaborados por el Viceministerio de Autonomías.
En la gestión legislativa 2023-2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un promedio de 70 leyes, por lo que cada ley le costó a los bolivianos más de Bs 3 millones, si se toma en cuenta el presupuesto de Bs 250 millones que se distribuyeron entre las cámaras de Diputados y Senadores.
Los datos fueron expuestos por el exministro de Justicia Iván Lima, quien cuestionó la labor de los legisladores en la legislatura que concluyó en noviembre. Según sus datos, desde el 2009 en promedio aprobaban 150 leyes, pero en esta última legislatura el número bajó a 70, de las que 35, es decir, el 50%, tienen solo un carácter administrativo y declarativo.
“La Asamblea Legislativa, durante el periodo de (Israel) Huaytari y de Andrónico (Rodríguez), 2023-2024, que va de noviembre a noviembre de cada año, tiene un trabajo que es bastante deficiente en términos de cantidad de leyes”, afirmó y añadió que “la calidad normativa de las leyes es muy pobre, muy escaso el aporte intelectual que han realizado”.
De acuerdo con el exministro, de las 70 leyes, 15 transfieren 114.3 hectáreas de terrenos entre entidades el Estado; 7 autorizan créditos; 15 tiene que ver con límites entre municipios; 20 son declarativas y 13 son normas de carácter social, económico y de la justicia, entre ellas la Ley transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, la única que elaboraron los legisladores.
Lima cuestionó el escaso aporte intelectual de los legisladores y citó los 15 proyectos de ley de límites entre municipios, que fueron elaborados por el Viceministerio de Autonomías.
Entre las 20 leyes llamadas declarativas, mencionó a las que declaran el día de la “Saya Afroboliviana”, el día del Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano y el Día del Mototaxista Boliviano”, en homenaje a las y los mototaxistas, que con su actividad contribuyen al desarrollo del país.
A esas normas se suman 13 que fueron remitidas por otros órganos del Estado para que sean aprobadas, entre las que están el Presupuesto, el reformulado y el Presupuesto 2024 que fue puesta en vigencia sin aprobación en el Legislativo; la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024; la Ley 1567 de ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, y la Ley 1578 que anula las elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial para las elecciones generales de 2025, además de dos contratos petroleros firmados entre YPFB y Canacol.
“Para hacer esto, porque según ellos (diputados y senadores evistas y de la oposición) no interpelan, no censuran, no hacen ningún acto de fiscalización a los ministros y al Órgano Ejecutivo, tienen un presupuesto de 168 millones de bolivianos, los Diputados, y de 84 millones los Senadores. En total, siempre en promedio, más de 250 millones de bolivianos por año, es decir, que cada ley nos cuesta más de 3 millones de bolivianos”, cuestionó Lima.
Desde este 18 de diciembre, la Asamblea Legislativa ingresará a su receso de fin de año.
Desde el evismo y la oposición rechazaron el receso legislativo. Coinciden en el argumento de que deben tratar el proyecto del Presupuesto General del Estado 2025, pese a que lo tenían desde finales de octubre.
Algo similar pasa con la ley de distribución de escaños que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió a la Asamblea en octubre y que hasta la fecha no fue aprobada.
La norma plantea una nueva distribución de escaños, a partir de los datos de población del Censo Nacional 2024. Según la propuesta, Santa Cruz, que por vez primera se consolida como el departamento con más población, pasará de 28 a 29 curules en Diputados; mientras Chuquisa reducirá de 10 a 9.
La Paz/ABI
