Por el fracaso en la Asamblea, el TCP declaró la prórroga de mandato “de manera excepcional y temporal” de los magistrados.
Ginebra, 22 de enero de 2024 (ABI). – La Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, urgió este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a avanzar en la celebración de las elecciones judiciales garantizando un proceso de preselección transparente, participativo e integral.
En un comunicado divulgado en Ginebra, la experta lamentó que la “ausencia de acuerdos políticos” en el Legislativo boliviano se haya “traducido en el vencimiento de los mandatos” de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura el 31 de diciembre de 2023.
“Insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”, señala Satterthwaite, quien ya, el 17 de noviembre de 2023, se había expresado con similar tenor por la lentitud de este proceso.
Desde marzo de 2023, la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero éstos no se concretaron por normativas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión.
Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último proyecto de ley 144 se suspendía todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por el fracaso en la Asamblea, el TCP declaró la prórroga de mandato “de manera excepcional y temporal” de los magistrados y consejeros “hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades”, según la sentencia 0049/2023.
En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron, desde inicios de mes, protestas en la capital del Estado, Sucre, y este lunes, un bloqueo de caminos.
Además de exigir la renuncia de los magistrados y consejeros, los bloqueadores defienden la nueva postulación de Morales a pesar de que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide.
Satterthwaite señaló que la “realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia”.
“El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, la Constitución requiere la elección de candidatas y candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad en el proceso”, afirmó.
Destacó que las normas internacionales sobre la independencia de la judicatura dejan claro que el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y a las garantías relativas a su seguridad en el cargo y a sus condiciones de servicio.
"Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido", dijo Satterthwaite.
La Relatora Especial recordó que su antecesor realizó una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2022.
La Relatora Especial ha estado en contacto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con estas preocupaciones, apunta el comunicado.
