La Viceministra de Comunicación desmintió rumores sobre el derecho propietario que buscan sembrar confusión entre la población. Los describió como infundados.
La Paz, 11 de mayo de 2024 (AEP). – La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió los rumores sobre supuestas intenciones de expropiar propiedades. Destacó que tales afirmaciones carecen de fundamento y son parte de una campaña de desinformación.
Alcón destacó que tales afirmaciones carecen de fundamento y son parte de una campaña de desinformación, “de mentirle a nuestro pueblo boliviano” contra el Decreto Supremo 5143.
“Nunca vamos a actuar en contra de la población, no estamos sacando un decreto inconstitucional. Sobre la Constitución no está un decreto, no está una ley, quiero desmentir que el Gobierno quiera expropiar, quitarles sus viviendas, o que exista un control del Ministerio de Justicia, eso es totalmente falso”, aclaró en conferencia de prensa.
Remarcó que el objetivo del Decreto 5143 es mejorar el sistema antiguo de Derechos Reales “que era muy vulnerable”, además de que se busca facilitar el acceso, la tramitación y revisión en línea.
TCP
El decreto plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales que cuente con “estándares internacionales” para que usuarios accedan a información “cruzada” entre varias instituciones, entre ellas la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) e incluso los gobiernos municipales y departamentales.
La bancada del MAS-IPSP presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, informó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui.
Al defender la legalidad del decreto, Jáuregui negó que afecte el derecho a la propiedad privada; por el contrario, aclaró, apunta a sistematizar el trámite ya existente del registro de Derechos Reales.
La viceministra aseguró que el Ejecutivo acatará la decisión del TCP.
Si el TCP acepta la acción de inconstitucionalidad, se paralizará la aplicación del decreto que tiene el objetivo de acabar con las “mafias en Derechos Reales”.
