Para evitar que el tema sea politizado por sectores opositores, las organizaciones sociales solicitaron que se socialice el Decreto Supremo 5143.
La Paz, 10 de mayo de 2024 (AEP).- La bancada renovadora del MAS-IPSP presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y solicitó una medida cautelar para la suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales (DDRR), emitido el 10 de abril de este año por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, informó que la solicitud que hizo la bancada oficialista al TCP es para someter a un test de constitucionalidad “el proceso por el cual se ha aprobado dicho decreto supremo”.
Además se solicitó una medida cautelar al Tribunal Constitucional que permita “paralizar los efectos jurídicos referidos de este decreto”, apuntó ayer el legislador en conferencia de prensa.
Para hoy, grupos y organizaciones políticas de derecha convocaron a marchas de protesta en Santa Cruz y otras regiones del país, con el objetivo de exigir la abrogación del Decreto Supremo 5143 sobre Inscripción de Derechos Reales, porque consideran que vulnera el derecho propietario.
Decreto
Esa posición fue rechazada por el Gobierno nacional, que explicó que los alcances del decreto solo buscan beneficiar a los propietarios.
Es más, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, detalló que el decreto apunta a evitar las dobles partidas y avasallamientos, para brindar seguridad a la población y transparentar los trámites a través del uso de la tecnología, entre otros beneficios.
El DS 5143 fue promulgado el 10 de abril de 2024 por el Ejecutivo, cuenta con 91 artículos, y de esta cantidad, 17 son nuevos; las otras 74 disposiciones fueron rescatadas del DS 27957 del 24 de diciembre de 2004, reglamento de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, emitido por el entonces presidente de Bolivia, Carlos Mesa.
Jauregui remarcó que el decreto garantiza la propiedad privada, pero que se solicita el test de constitucionalidad para evitar malos entendidos.
El diputado indicó que la comisión de admisión del TCP tiene 48 horas para aceptar o rechazar el recurso. “Si se acepta la medida cautelar, se paralizará la aplicación del decreto”, mencionó.
Organizaciones
Al respecto, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña, instó al Gobierno a socializar la norma sobre Derechos Reales para evitar que sectores de la derecha opositora y evistas utilicen el tema por sus intereses políticos.
