El Tribunal Constitucional pidió una ampliación para responder a la consulta que paraliza el tratamiento del proyecto de Ley Judicial.
La Paz, 25 de noviembre de 2023 (AEP). – La Asamblea Legislativa garantizará el principio constitucional del derecho a la justicia que tiene el pueblo boliviano, considerando que la CPE cesa el 31 de diciembre a los magistrados en sus cargos y porque aún no hay fecha para las elecciones judiciales.
La afirmación la hizo el diputado oficialista Juan José Jáuregui, quien recientemente fue reelegido para que asuma como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
“Hay que hacer dos distinciones, la primera es que la Constitución, desde el artículo 1 hasta el 108, dispone una serie de garantías para los bolivianos. Uno de estos es el acceso a la justicia, que es un principio y es eso lo que se va a tomar en cuenta, porque este derecho no puede ser interrumpido”, expuso el diputado a Ahora El Pueblo.
La otra distinción tiene que ver con la cesación de los magistrados en sus cargos, que establece el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Este, para Jáuregui, es un “escenario complejo”, pero lo que debe “privilegiar o primar es el cumplimiento del principio de acceso a la justicia”.
Sin embargo, para cumplir este principio de garantía el Tribunal Constitucional (TCP) debe resolver antes del 15 de diciembre la consulta que envió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pidió en septiembre paralizar el tratamiento de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 y de cualquier otra norma similar en la Asamblea Legislativa.
El plazo para resolver la consulta terminaba el 23 de este mes, pero según Jáuregui, a través de declaraciones de Juan Del Granado, el TCP pidió una ampliación.
“La decisión que emita el TCP esperemos que sea antes de que termine esta gestión. Debe marcar la línea a seguir para garantizar el cumplimiento del principio del derecho a la justicia”, recalcó el diputado.
Proceso paralizado
Las elecciones judiciales debían celebrarse este año, pero debido a recursos abstractos que interpusieron legisladores de oposición el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea y de organización de los comicios en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedaron paralizados.
Jáuregui dijo que se tomarán en cuenta todos estos recursos que paralizaron el proceso para asumir una decisión, también el proyecto de Ley Judicial que se aprobó en el Senado, pero que fue observado por ser inconstitucional y tenía vicios de nulidad, como la de dejar en manos de subalternos la labor de los magistrados.
Al respecto, el presidente Luis Arce afirmó durante el informe de los tres años de su gestión que espera elecciones judiciales en Bolivia “sin cuoteos”, aunque volvió a reiterar que esto no resolverá el problema de la justicia en Bolivia.
“Estamos en manos del TCP” El diputado del MAS Froilán Mamani aseveró que el proceso de elecciones judiciales en Bolivia depende del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC). “Estamos en sus manos”, dijo.
En agosto, el Senado aprobó el proyecto de ley para la preselección de candidatos a magistrados en la Asamblea, que permita la elección judicial para 2024.
Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Comisión de la Cámara de Diputados, instancia que derivó a consultas a varias instituciones estatales, una fue el TSJ, que luego la derivó al TCP.
“Nosotros no podemos hacer nada sin que antes no tengamos una respuesta, esperamos responsabilidad de su parte”, manifestó.
