Una comisión de las organizaciones sociales alteñas ingresó para entregar a autoridades de Estado un pliego de 10 puntos.
La marcha de juntas de vecinos, padres de familia y otros sectores, convocada por la Asamblea de la Alteñidad, llegó este mediodía desde El Alto hasta la Casa Grande del Pueblo y presentó al Gobierno nacional un pliego petitorio que demanda el respeto al orden constitucional.
Mediante esa movilización se pidió también que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe los créditos de inversión y que los parlamentarios aporten sus “jugosos salarios” a quienes combaten los incendios.
En una multitudinaria marcha, gremialistas, juntas vecinales de los 14 distritos de El Alto, microempresarios, padres de familia, entre otras organizaciones descendieron desde esa ciudad hasta la sede de gobierno en contra de las amenazas de bloqueos de Evo Morales y sus seguidores y exigiendo respeto a la gestión del presidente Luis Arce, elegido constitucionalmente.
La movilización arribó a alrededor de las 12h30 a la Casa Grande del Pueblo, sede presidencial de Bolivia. Una comisión de las organizaciones sociales alteñas ingresó para entregar a autoridades de Estado un pliego de 10 puntos.
En el pliego petitorio, la Asamblea de la Alteñidad repudia la amenaza de bloqueo de caminos de parte de afines a Morales y denuncia que esa medida no permite el desarrollo del país, intenta generar convulsión social, provoca el alza de productos de la canasta familiar y el estancamiento de la economía.
Asimismo, exige a las autoridades competentes no permitir ningún tipo de bloqueo y hacer respetar los derechos de los bolivianos.
Las organizaciones de El Alto demandan también el respeto a las instituciones legalmente establecidas y electas democráticamente por la mayoría de los ciudadanos alteños y bolivianos.
Los alteños exigen “aplicar la ley en el marco de la Constitución Política del Estado y poner orden para la detención del cabecilla de Evo Morales y toda su rosca que encabeza marchas, bloqueos y provoca zozobra, miedo y afecta a los hogares de la familia boliviana”.
La Alteñidad considera que los bloqueos de carreteras y movilizaciones convocados por el ala evista responde a intereses políticos personales.
Además, rechaza y repudia la actitud de diputados y senadores que bloquean los créditos de inversión destinados obras que benefician a la población boliviana.
La Asamblea de la Alteñidad “conmina a los diputados y senadores evistas a trabajar por los intereses del pueblo boliviano, aprobar leyes a favor del medio ambiente y en beneficio del desarrollo del país, “en vez de marchar e incitar a la violencia”.
“Asimismo, los parlamentarios deben destinar sus jugosos salarios a los grupos movilizados que están luchando contra el fuego en el territorio boliviano, debido a las normas incendiarias que Evo Morales aprobó en su gestión”, se lee en el pliego petitorio, en su sexto punto.
De la misma forma, exige dar continuidad y celeridad a los proyectos comprometidos por el Gobierno central para la ciudad de El Alto con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Bol 38, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), proyectos de salud, educación, productos y otros proyectos de saneamiento básico, entre otros.
De igual manera, las organizaciones de El Alto exigen un mayor control en la cadena de distribución y venta de combustible, para evitar el contrabando y el oligopolio de clanes familiares que genera desabastecimiento y especulación.
Además, piden Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) efectuar el control del cumplimiento de la normativa a las entidades financieras para evitar cualquier tipo de abuso a los prestatarios, familia gremial y otros, y atender los reclamos en caso que sus derechos sean vulnerados.
En su pliego exigen al municipio de la ciudad de El Alto la transferencia a título gratuito de los predios ubicados en la avenida 6 de Marzo, donde funciona la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, a la Policía Boliviana para que cumpla una función social en beneficio de la seguridad ciudadana.
La Paz/ABI