Para analistas, el declive tiene que ver con sus vínculos ilegales con empresas, sus intereses personales de enriquecimiento y no tener una base teórica.
La Paz, 25 de mayo de 2023 (AEP).- Para analistas, los vínculos ilegales con empresas se constituyen en uno de los tres factores por los que se debilita el modelo político- económico cruceño, impulsado por una élite que se vio al descubierto ante la intervención del Banco Fassil.
Después de dicha intervención, se develó una serie de irregularidades que ahora son investigadas por el Ministerio Público. Según algunos analistas, este caso pone en evidencia el modelo político-económico de Santa Cruz, propugnado por élites y el mismo comité cívico, que ahora se ve debilitado por tres factores.
El primero, porque fue construido sin una base “teórica ni matemática”. Segundo, solo favorece a una élite, que además es oligarca y no le interesa el colectivo o el pueblo, explicó el martes el analista económico Fernando Chuquimia, en entrevista con Bolivia TV.
El tercer factor está relacionado con una organización que usaba vínculos con empresas, personas o políticos, quienes solo buscaban beneficiarse entre ellos, precisó.
“Entonces, vemos cómo estas élites se aprovechaban para tener privilegios, desviando plata con créditos y préstamos, favoreciendo a unos; ese es el resultado del modelo económico y político de Santa Cruz, que ahora se cayó”, dijo Chuquimia.
El 26 de abril, el Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), debido a denuncias y una serie de irregularidades en su administración, en especial en la otorgación de créditos.
El 20 de mayo, el vocero presidencial Jorge Richter dejó entrever que las élites cruceñas, a través de Fassil, se apropiaron de los recursos de la población y que algunas de aquellas se atribuyen la representación política de Santa Cruz.
Incluso, habrían usado dinero —mediante tarjetas— de ese banco para pagar la estadía de universitarios en las revueltas del golpe de Estado de 2019.
Al respecto, el analista económico Martín Moreira agregó que varias de las familias que desde siempre asumieron la representatividad de Santa Cruz, están vinculadas al proceso que se sigue a la entidad financiera.
“Hablamos de las familias Barbery, Branco Marinkovic, capitalizador de Fassil, y la familia del gobernador Luis Fernando Camacho, este último tiene relación con las movilizaciones en 2019 y el paro de los 36 días en Santa Cruz”, detalló.
Para Moreira, este vínculo entre exautoridades, empresas y cívicos, como Marinkovic, evidencia “un esquema piramidal” que debe ser investigado por el Ministerio Público.
Chuquimia destacó que, como contraposición a este modelo de la élite cruceña, el Gobierno —a través de la Constitución Política del Estado (CPE) y el modelo económico sociocomunitario— supo hacerle frente protegiendo a la población boliviana y a los ahorristas del intervenido Banco Fassil.
Para el subjefe de la bancada del MAS, William Torres, llama la atención el silencio de los líderes de oposición, como Jorge Quiroga, Carlos Mesa y otros, que ahora se “callan y no dicen nada de la estafa de Fassil, que afectó a miles de bolivianos”.
“Cada día se van descubriendo más cosas; claro, la oposición calla porque tenían relación, y pronto se sabrá quiénes verdaderamente participaron. Estas no son élites, son organizaciones delictivas y pronto la justicia les va a caer”, aseguró.
Al margen de lo anterior, otra situación que llama la atención es la oposición al proyecto de Ley 280, de lucha contra el enriquecimiento ilícito, que fue suspendido en el Legislativo por observaciones que vienen sobre todo desde esta élite de Santa Cruz.
“Es necesario que el pueblo cruceño entienda la necesidad importante de contar con una norma para evitar el enriquecimiento ilícito de estas élites, por ejemplo, la (Ley) 280”, mencionó.
