En un juicio abreviado se tipificará el delito de apoderamiento flagrante.
La Paz, 10 de mayo de 2024 (AEP).- Esta iniciativa introduce una nueva figura penal de Apoderamiento Flagrante y establece penas de hasta siete años de prisión en un proceso judicial sumario para los infractores.
“Hemos enviado nuestro proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que, a la brevedad posible, pueda tratarse. Existen evidentemente diputados, senadores patriotas que saben cuál es el compromiso con el pueblo boliviano, saben para qué han sido elegidos, saben para qué están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para proteger a quienes han sido sus electores”, señaló el mandatario en un acto que se cumplió en la Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia del Estado, en el que explicó el alcance del documento y al que asistieron el vicepresidente David Choquehuanca, autoridades gubernamentales, policiales y representantes de organizaciones sociales.
El mandatario subrayó la necesidad de combatir el delito de robo menor, especialmente en aquellos casos claramente documentados por cámaras de videovigilancia.
Destacó los esfuerzos del Ministerio de Gobierno para abordar este problema y enfatizó en que la impunidad debe ser enfrentada para que aquellos que intenten apropiarse de lo ajeno sean encarcelados.
24 horas
El Presidente explicó que el proyecto del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110, junto con otros mecanismos, respaldará la implementación de esta nueva política, delineada en el anteproyecto de ley enviado al Legislativo para su consideración y aprobación.
Precisó que, si bien el uso de cámaras de seguridad se ha generalizado en varios entornos, como tiendas, supermercados y aeropuertos, estas imágenes tienen poco valor bajo la legislación actual. Por ello, el anteproyecto de ley propone la creación de una nueva figura penal denominada Apoderamiento Flagrante de la Cosa Ajena, con el fin de garantizar sanciones oportunas y ejemplares para los delincuentes.
Según esta propuesta normativa, basada en la flagrancia del delito, las pruebas obtenidas de las cámaras de seguridad y otras evidencias sólidas permitirán procesar a los presuntos delincuentes en menos de 24 horas, lo cual asegurará que aquellos hallados culpables cumplan sus penas en prisión.
Para el pueblo
“Esta es una ley para todo el país, para todas las bolivianas y bolivianos. Esperamos que se pueda aprobar a la brevedad posible para avanzar en esta lucha y cambiar la mentalidad (…) Tenemos que aprender que hay que trabajar, que hay que generar los ingresos de manera limpia, honrada, porque ese es el boliviano”, enfatizó.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, detalló que las personas que incurran en esta nueva figura penal serán sancionadas con una pena de siete años de cárcel sin derecho a indulto.
“Estamos creando este nuevo tipo penal que dice que ‘el que ilegítimamente se apodere, apoderare, sustrajere o tomare joyas, dinero, valores, minerales o energía, cosa, sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas y otros medios; o de cualquier otra forma se apropiara de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía o por particulares, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y entrevistas policiales, será sancionado con una pena de presidio de siete años sin derecho a indulto”, enfatizó.
Luego de la aprobación de esta norma, los delincuentes serán aprehendidos en una acción directa dentro del nuevo procedimiento denominado Sumarísimo Penal, en el que los fiscales podrán emitir una acusación.
Ministro destaca la necesidad de una nueva normativa legal para abordar problemas en el marco jurídico
El nuevo tipo penal, al que dio lectura el titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indica: “El que ilegítimamente se apodere, apoderare, sustrajera, tomare joyas, dinero, valores, minerales, o energía, objeto, cosa, mueble, sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía boliviana o por particulares, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y/o entrevistas policiales, será sancionado con una pena de presidio de siete años sin derecho indulto”.
Si se aprueba, la futura norma establece también que “quienes reincidan y sean procesados recibirán una pena de nueve años, y los extranjeros que cometan un delito y se encuentren en una situación migratoria irregular tendrán penas con agravantes”.
El ministro explicó además que se creará la Unidad Antirrobo, que dependerá de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, para que los agentes se infiltren en lugares donde suelen cometerse delitos.
Así, ante un robo, los policías podrán atrapar en flagrancia a los delincuentes.
El ministro señaló que la futura nueva normativa aborda un problema identificado en el marco legal nacional, que se considera obsoleto y desalineado con la realidad actual.
Basó sus argumentos en las estadísticas del año pasado, cuando se reportaron 21.330 delitos, y la Policía detuvo a 2.931 personas, de las cuales 2.400 fueron liberadas.
Propuesta de ley establece sanciones a robos flagrantes con penas de siete años de cárcel sin indulto
El proyecto de ley titulado ‘Lo ajeno no se toca’ tiene el propósito de establecer un nuevo tipo penal para castigar los casos de robo flagrante mediante un proceso acelerado que conllevaría una pena de siete años de prisión sin derecho a indulto.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó que esta iniciativa se basa en la preocupación por la cantidad de delincuentes que son liberados de las cárceles y la insuficiente sanción penal existente para el delito de hurto, cuya pena máxima actual es de dos años de cárcel.
Según Del Castillo, el objetivo de este nuevo tipo penal es garantizar que los delincuentes detenidos en flagrancia reciban una sentencia de siete años en un proceso sumarísimo en un plazo de 24 horas.
“Van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes, ¿qué quiere decir esto? Que en la primera audiencia y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, precisó la autoridad.
El titular de Gobierno aclaró que la normativa no suprimirá los delitos de robo y hurto, pero enfatizó en que la flagrancia será el principal criterio para su aplicación.
“A partir de la aprobación de este proyecto de ley no va a importar si es con violencia o sin violencia, o qué es lo que nos están robando, qué es lo que nos están hurtando, qué es lo que nos están quitando”, advirtió Del Castillo, en la presentación realizada en la Casa Grande del Pueblo.
Reducir la impunidad en delitos por las alarmantes cifras de 2023
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, resaltó la necesidad de abordar las deficiencias del marco legal nacional y señaló que está desfasado y desconectado de la realidad actual.
Fundamentó su afirmación con datos de los 12 meses del año pasado, en los que se reportaron 21.330 delitos, y la Policía detuvo a 2.931 personas, de las cuales 2.400 fueron liberadas.
Del Castillo enfatizó en que esta situación pone en entredicho la efectividad del trabajo de la Policía Boliviana y el Ministerio Público, dado que muchos delincuentes recuperan su libertad poco después de ser detenidos.
Señaló que, incluso entre aquellos que enfrentaron algún tipo de proceso judicial, aproximadamente 500 personas recibieron sentencias reducidas de dos a tres años, lo que les permite permanecer en las calles.
El ministro cuestionó la tendencia de reincidencia entre los delincuentes y la corta duración de las penas de prisión, e indicó que en algunos meses del año pasado, como marzo o septiembre, más reclusos salieron de las cárceles en comparación con los que ingresaron.
En este contexto, organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, presentes en la explicación del documento, afirmaron que el anteproyecto de ley propuesto se presenta como una solución para abordar estos problemas que afectan a la urbe.
Del Castillo explicó que, actualmente, la calificación de delitos como hurto, con penas de uno a dos años, dificulta la efectiva aplicación de la ley.
El presidente Arce también respaldó la necesidad de modernizar la legislación, especialmente para garantizar que pruebas como las imágenes de cámaras de seguridad sean consideradas de manera adecuada en los procesos judiciales.
