En un pronunciamiento público, la Red manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se viabilice la suspensión de la continuidad jurisdiccional en Bolivia.
La Paz, 27 de febrero de 2024 (ABI). – La Red Contra la Violencia a las Mujeres de Cochabamba alertó este martes que las propuestas de cese de mandato de autoridades judiciales y la suspensión de los plazos procesales tendrá consecuencias devastadoras para los sectores vulnerables de la población, “dejándolos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad”.
En un pronunciamiento público, la Red manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se viabilice la suspensión de la continuidad jurisdiccional en Bolivia, como pretenden los legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa.
“Advertimos que, cualquier interrupción en los servicios judiciales, podría tener consecuencias devastadoras para las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, dejándolas en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad”, se lee en el documento divulgado por la entidad que tiene 28 años de labor en la defensa y protección de los derechos de las mujeres.
Elaborado por el senador “evista” William Torrez, y aprobado el 18 de diciembre de 2023 en tiempo récord en el Senado, el proyecto de ley 073 dispone la suspensión de los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias y agroambientales, en materia constitucional y administrativa de conocimiento de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular”.
Mientras el proyecto de ley 075 dispone el cese de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fue dispuesto por una sentencia constitucional ante la falta de nuevas autoridades electas.
Los diputados “evistas”, “camachistas” y “mesistas” insisten en aprobar estos dos proyectos de ley que, según el Gobierno, provocará un “vacío judicial”. Este bloque formado en Diputados exige la aprobación de estas leyes, dejando para un segundo momento las leyes de créditos, pese a un acuerdo político del 2 de febrero.
Frente a estos planes, la Red insistió que “la suspensión de plazos procesales en los Tribunales Superiores no sólo generaría un vacío de justicia, sino que también socavaría el principio de tutela judicial efectiva y el mismo acceso a la justicia para todas las personas, especialmente para aquellas que están en situación de vulnerabilidad”.
“La continuidad del servicio judicial es crucial para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en casos que involucran a grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la entidad, otrora impulsora de la creación de la Brigada de Protección a la Mujer y a la Familia, que ahora se denomina la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
En ese contexto, exigió “se respeten y mantengan vigentes los plazos procesales, asegurando así, que se brinde una justicia material, eficiente y oportuna”.
“Instamos a todos los sectores sociales e institucionales a respaldar este llamado, en aras de proteger los derechos de todas las personas, y garantizar un sistema judicial justo y equitativo para todos”, enfatizó en el documento.
