La decisión fue adoptada el 29 de mayo y se basa en la Resolución Constitucional 051/2025 y el Auto 107/2025, emitidos por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni el 26 y 27 de mayo.
Mediante un sondeo, la ciudadanía cuestionó que el expresidente Morales busque habilitarse por la fuerza, frenando el proceso democrático.