El caso contra Morales ha generado reacciones en ambos países, y tanto Argentina como Bolivia mantienen procesos en curso para esclarecer las acusaciones.
Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas indicaron que la toma de cuarteles o el secuestro de sus armas implican el delito de traición a la patria.
El Ejecutivo, mediante el Ministro de Gobierno, ratificó que está abierto a conversar, pero sin tocar temas de impunidad ni de vulneración a la CPE.
Además, denunciaron que se paga entre Bs 350 y Bs 400 a cada persona movilizada en las vías.
El ente dice que los conflictos inciden en el normal desarrollo de las actividades.
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