Ninguno cedía, y el tono era más agresivo entre ambos políticos, que en diferentes momentos participaron en protestas contra el Gobierno.
Guillermo Achá y otras 20 personas estaban investigadas. El caso se inició el 20 de abril de 2017 por una supuesta contratación irregular de Drillmec.
De todas maneras, el Gobierno ya definió operativos para controlar, evitar y en su caso sancionar el agio y la especulación de productos de primera necesidad en mercados, ferias y zonas de frontera.
El titular de la Cámara Alta usurpó funciones que no le competen y ahora podría ser sometido a un proceso penal o administrativo.
El objetivo es tener certeza jurídica sobre la validez de los actos realizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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