El caso contra Morales ha generado reacciones en ambos países, y tanto Argentina como Bolivia mantienen procesos en curso para esclarecer las acusaciones.

Además, denunciaron que se paga entre Bs 350 y Bs 400 a cada persona movilizada en las vías.

Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas indicaron que la toma de cuarteles o el secuestro de sus armas implican el delito de traición a la patria.

El Ejecutivo, mediante el Ministro de Gobierno, ratificó que está abierto a conversar, pero sin tocar temas de impunidad ni de vulneración a la CPE.