Guillermo Achá y otras 20 personas estaban investigadas. El caso se inició el 20 de abril de 2017 por una supuesta contratación irregular de Drillmec.
El titular de la Cámara Alta usurpó funciones que no le competen y ahora podría ser sometido a un proceso penal o administrativo.
El objetivo es tener certeza jurídica sobre la validez de los actos realizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De todas maneras, el Gobierno ya definió operativos para controlar, evitar y en su caso sancionar el agio y la especulación de productos de primera necesidad en mercados, ferias y zonas de frontera.
Alertan de que grupos radicales intentan incitar violencia en el país para desacreditar, culpar y derrocar la administración del Jefe de Estado.
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