Los legisladores trasandinos pidieron la libertad de Añez, con sentencia a diez años de prisión y procesos en curso por genocidio, y de Camacho, con una veintena de procesos en ámbitos administrativos y penales, y les ofrecieron asilo.
El Presidente encomendó al ministro de Educación, Édgar Pary, trazar un plan para atender la demanda de otros 32 establecimientos.