En el caso de instituciones eclesiales o funcionarios públicos, la privación de libertad será de 20 a 25 años.

“Aquí no existe persecución política, lo que tenemos es cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga”, mencionó el ministro.

La autoridad se refirió a este plazo considerando que es el tiempo que dio el Órgano Electoral Plurinacional para garantizar la organización de los comicios judiciales en el país.

En el gran desierto de sal, al son del Himno a la Bandera, ambos emblemas fueron izados por el Presidente y el Vicepresidente.