El artículo 3 del ‘decreto de la muerte’ que firmó provocó el estupor de organizaciones de derechos humanos por estimular la violenta represión.
La Paz, 02 de octubre de 2023 (AEP). - El 12 de noviembre de 2019, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Añez.
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Estas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Añez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara la renuncia del Presidente y Vicepresidente del país, un paso que exige la Constitución.
Ultrarreligiosa, cada mañana que llegaba a su despacho en el Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones.
DECRETO
El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía y firmaba el “decreto de la muerte”. El documento había sido discutido y redactado un día antes.
El artículo 3 de esa norma provocaría el estupor de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país por estimular la represión violenta: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Mientras los comandantes militares, bajo el respaldo del ‘decreto de la muerte’, bosquejaban las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar las movilizaciones, ese mismo 15 de noviembre en el Palacio Quemado se presentaba Jeanine Añez a la prensa extranjera como la “presidenta transitoria”.
La parlamentaria marginal y poco conocida no mencionó la vigencia del Decreto 4078, pero advirtió a los periodistas de la aparición de supuestos grupos subversivos armados.
“Como presidenta de Bolivia quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto”, dijo, acompañada por ministros de Estado, comandantes militares y policiales, reportaba una agencia internacional.
En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país” murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
Dos mujeres con las fotografías de sus familiares asesinados en Senkata por fuerzas de represión. | Foto: RRSS
Muertes
El 19 de noviembre, en Senkata, se registraron 10 civiles fallecidos y 78 heridos.
Luego de las sucesivas masacres, se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo y al gobierno de facto le llovieron críticas internacionales.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Añez dijo que se había logrado la “pacificación”.
Este martes, en vigilias ciudadanas, las familias de las víctimas y organizaciones sociales recordaban en las calles que “masacre no es pacificación”.
