YLB inició un reciente proceso en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas en 18 piscinas evaporíticas.
La Paz, 23 de abril de 2024 (AEP). – Por una denuncia de presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica de 2023, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú fue aprehendido ayer.
De acuerdo con el abogado Vladimir Ochoa, Echazú fue aprehendido cerca del mediodía sin notificación sobre la reapertura del proceso iniciado en 2023 por el entonces presidente de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, como consecuencia de una auditoría que estableció el incremento irregular y modificación ilegal de contratos destinados a la explotación de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni.
“Se ha cerrado (el proceso) en una primera instancia, pero ahora lo reabren sin comunicarnos y proceden a la aprehensión del señor Alberto Echazú”, informó el jurista en puertas de la Fiscalía.
Ampliación
En mayo de 2023, Ramos presentó un memorial de solicitud de ampliación de querella en contra de Echazú “por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica previstos y sancionados por el Art. 154 y 224 del Código Penal; consiguientemente en virtud al Art. 70, 74; Art. 284: Art. 290 y Art. 297; todos del Código de Procedimiento Penal”.
“En conformidad a la última parte del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal póngase la presente querella y el decreto de admisión en conocimiento de las partes, vale decir querellante y querellada conforme a procedimiento; asimismo comuníquese al juez cautelar que conoce la causa a los efectos de ejercer control jurisdiccional con relación a la ampliación de querella en contra del prenombrado”, se lee en el decreto fiscal del 4 de mayo de 2023.
Echazú también está incluido en un reciente proceso que inició YLB en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, que no pueden entrar en operaciones, afectando la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio. El daño económico se calculó en más de Bs 425 millones.
