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Blindados contra la población civil en Cochabamba. | Foto: RRSS

Armamento de guerra, blindados, helicópteros y aviones de combate se desplegaron para ahogar en sangre a civiles desarmados en Sacaba y Senkata

El Ministerio Público concluyó la investigación en ambos casos y presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal por el delito de genocidio cuya pena máxima es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

La Paz, 30 de octubre de 2023 (AEP). – A tres años y once meses de las masacres del pueblo boliviano, la Fiscalía General del Estado pidió formalmente 30 años de cárcel para la exsenadora Jeanine Añez, autoproclamada presidenta en noviembre de 2019, tres exministros de su régimen y militares y policías comprometidos con la muerte de una veintena de civiles desarmados en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, explicó que el Ministerio Público concluyó la investigación en ambos casos y que la comisión de fiscales presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal por el delito de genocidio cuya pena máxima es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Los hechos en Sacaba ocurrieron el 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del puente Huayllani.

Sacaba

La tarde de ese día, un grupo de marchistas que llegó del trópico de Cochabamba se dirigía a la plaza 14 de Septiembre de esa ciudad, pero fue impedido su paso a la altura del puente Huayllani, ubicado sobre la avenida Villazón.

De acuerdo con la investigación, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime Zurita, habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar por el puente Huayllani rumbo a su destino

El gobierno de facto había ordenado, en una medida poco usual, el desarrollo de operaciones combinadas entre militares y policías fuertemente armados en ese lugar.

Ante la negativa de los agricultores del trópico de entregar sus banderas, Zurita se impacientó y ordenó al personal policial a su mando el empleo de gases lacrimógenos generando una cortina de humo entre marchistas y fuerzas de seguridad del Estado.

En la confusión, señaló Lanchipa, los militares dispararon munición de guerra contra la población civil desarmada “sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características”.

Como resultado de la violenta represión fallecieron diez personas por impacto de proyectil de arma de fuego y, además, decenas de manifestantes resultaron heridos en las mismas circunstancias.

La planificación y ejecución de la operación policial-militar tenía el aval del Ejecutivo de Añez a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, quienes habrían ordenado la participación de personal especializado portando armamento y munición de guerra.

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Pruebas de Sacaba

En las investigaciones se tomaron 180 entrevistas a militares, 110 a funcionarios policiales, 120 a civiles que participaron en la marcha.

Entre pruebas documentales se colectaron informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, que suman 350 que se presentaron en el juicio oral.

También se consignan 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales que sustentan la teoría del caso, sostuvo Lanchipa.

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Senkata

La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, en inmediaciones de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En medio de un escenario de conflictividad por el golpe de Estado, la población alteña, en el ejercicio de su derecho a la protesta, se movilizó en la ciudad y bloqueó algunas vías en repudio a la instalación de un gobierno de facto, entre ellas los accesos a la planta de YPFB de Senkata.

Lanchipa relató que efectivos policiales y militares se desplazaron a la planta en el marco de un plan que pretendía el traslado de combustible a surtidores de La Paz y El Alto.

“A la conclusión de esta operación se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones de combate cazas, todo ello en contra de manifestantes civiles desarmados”, precisó la autoridad.

La operación militar policial dejó como saldo a 10 ciudadanos fallecidos por impacto de proyectil de arma de fuego y múltiples heridos en las mismas condiciones.

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Pruebas de Senkata

La comisión de fiscales colectó un legajo probatorio con más de 700 elementos que sustentan la tesis acusatoria.

Entre los análisis figuran 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas: 40 a miembros de las Fuerzas Armadas, 30 a efectivos policiales, 50 a víctimas y ocho a funcionarios de YPFB.

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Los 20 fallecidos 

Las muertes en Sacaba y Senkata ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.

Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.

Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.

En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país” murieron 10 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba.

El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, hubo otros 10 civiles fallecidos y 78 heridos.

Sacaba

1. Armando Carballo Escóbar, 25 años.

2. Plácido Rojas Delgadillo, 18 años

3. Emilio Colque León, 21 años

4. Omar Calle Siles, 26 años.

5. Lucas Sánchez, 43 años

6. Roberto Sejas.

7. Juan López Apaza, 34 años

8. César Sipe Mérida, 18 años. 

9. Marcos Vargas Martínez.

10. Julio Pinto Mamani, 51 años.

Senkata

1. Edwin Jamachi Paniagua, 38 años.

2. Devi Posto Cusi, 34 años.

3. Clemente Eloy Mamani Santander, 24 años.

4. Antonio Ronald Ticona, 24 años.

5. Pedro Quisbert Mamani, 37 años.

6. Juan José Tenorio Mamani, 22 años.

7.  Joel Colque Patty, 22 años.

8. Miltón David Zenteno Gironda, 24 años.

9. Calixto Huanaco Aguilario, 33 años.

 10. Rudy Cristhian Vásquez Condori, 33 años.


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