El expolicía y líder de una banda delictiva logró su libertad condicional en 2024.
Por indemnización, el Estado Plurinacional de Bolivia pagó $us 626.000 a 21 de las 26 víctimas de la violación de sus derechos humanos en el proceso por el caso Blas Valencia, hecho ocurrido en el gobierno del entonces presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).
Así lo consigna la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), del 28 de agosto de 2025, sobre el Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia, de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
El proceso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos: dos policías y un civil. El expolicía y el resto de implicados acudieron al tribunal internacional para denunciar actos de tortura y vejaciones.
Valencia fue sentenciado en 2003 a 30 años de cárcel por asesinato, robo agravado y organización criminal. Logró su libertad condicional en febrero de 2024.
La lista de 21 personas que recibieron la indemnización del Estado boliviano la encabeza Blas Valencia Campos con $us 20.000. A él se suman Víctor Manuel Boggiano Bruzzón ($us 40.000); Freddy Cáceres Castro ($us 20.000); Claudio Centeno Valencia ($us 10.000); Carlos Eladio Cruz Áñez ($us 40.000); Patricia Catalina Gallardo Ardúz ($us 40.000); Victoria Gutiérrez Aguilar ($us 40.000); y Oswaldo Lulleman Antezana ($us 20.000).
Entre las otras 13 personas indemnizadas figuran Jenny Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Lulleman Gutiérrez; María Peña; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Alexis Valencia Alarcón; y Mercedes Valencia Chuquimia.
En julio de este año, el Estado informó a la Corte-IDH que “la gestión de pago está en trámite ante el Banco Central de Bolivia desde el 30 de mayo de 2025”.
El Estado tiene hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar un nuevo “informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación pendientes”.
AEP
