El 19 de noviembre de 2019, se registraron hechos de violencia que derivaron en 10 fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar.
Esta semana dará inicio el juicio de responsabilidades contra la exsenadora Jeanine Añez por la “Masacre de Senkata” y, por otro lado, el juicio del caso “Petrocontratos”, que involucra a Gonzalo Sánchez de Lozada, que llegará a una sentencia condenatoria.
El procurador general del Estado, César Siles, aseguró en entrevista con Bolivia Tv, que el Gobierno aguarda expectante ambos procesos y que el pueblo alteño “está reclamando justicia” por los muertos que ambos hechos dejaron.
“Yo los vínculo a ambos casos, en la vida, para mí, no existen las casualidades, sino las causalidades. Esta semana va a ser decisiva porque ambos (casos) involucran víctimas (…). El lunes estamos comenzando este juicio que hemos reclamado mucho, Masacre de Senkata, y el día martes, esperemos ya termine el juicio Petrocontratos”, señaló.
Siles explicó que el Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto fijó el inicio del Juicio Oral, Público y Contradictorio contra Añez para las 09.00 del lunes 2 de septiembre de 2024. Se presentarán alegatos iniciales, la teoría de la acusación, dijo el Procurador, para luego solicitar la máxima condena por el delito de genocidio de 30 años de cárcel sin derecho indulto.
“Es el juicio que estamos esperando todos, es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres que hemos enfrentado en 2019 y, sin duda, el pueblo boliviano, el pueblo alteño, el pueblo de Cochabamba, está esperando la mayor condena en este caso”, ponderó.
El 19 de noviembre de 2019, se registraron hechos de violencia que derivaron en 10 fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
La exsenadora y 17 personas, entre exministros y el ex alto mando militar y policial de 2019 fueron acusados por genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano.
Por el caso Golpe de Estado II, la Añez ya cumple una condena de 10 años en el penal de Miraflores en La Paz.
Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa; Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos; e Iván Eloy Rojas del Carpio, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), continúan declarados rebeldes.
De acuerdo con Siles, el juicio que inicia el lunes tendría su sentencia condenatoria antes de que concluya el año, antes del receso judicial. “Somos optimistas”, dijo.
“La expectativa es grande, hay memoria, verdad y justicia detrás de este juicio, que podamos llegar a una sentencia condenatoria en este semestre del año 2024 (…). No solamente implica justicia, también implica memoria, también implica verdad, también implica indemnización económica”, puntualizó.
Caso "Petrocontratos"
El martes 3 de septiembre, se reinstalará el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros por el caso denominado “Petrocontratos” para una sentencia definitiva.
"¿Cuál es la importancia de este proceso? Muchos dirán, pero están afuera, nunca van a llegar al país y demás. Primero, que sentamos un precedente histórico. Va a ser la primera sentencia en Bolivia de Gonzalo González de Lozada. No se lo pudo sentenciar hasta ahora", recordó.
El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) en contra de Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.
Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Congreso.
“Estamos hablando de Petrocontratos, origen de la guerra del gas. Muertos, heridos, una situación caótica en el país que terminó con la salida de Sánchez de Lozada”, declaró.
El Procurador detalló que en el juicio se “terminarán de agotar las pruebas de la defensa” y se ingresará a la fase de los alegatos finales, previos a la sentencia definitiva.
“Lo más importante es que vamos a poder generar una política pública a partir de esta sentencia respecto a los contratos hidrocarburíficos de exploración, de explotación, de comercialización de hidrocarburos, que necesariamente requieren autorización congresal”, ponderó.
Asimismo, se buscará la reparación del daño económico al Estado.
La Paz/ABI
