Seis casos ya tienen sentencia y otros 237 se encuentran en etapa preliminar, la mayoría de estos hechos se reportaron desde el departamento de La Paz.
De 538 casos de violencia y acoso político en el territorio nacional, diez llegaron a una sentencia ejecutoriada en diez años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. El 62% de las denuncias por vía penal corresponde a actos cometidos por hombres.
La Coordinadora de la Mujer, en alianza con el Comité de Género del Órgano Judicial y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), presentó el estudio “El acoso y la violencia política en el sistema de justicia penal en Bolivia”, que exhibe los resultados de la vigencia de la ley que combate el acoso y violencia política a las mujeres en cargos electos.
“La investigación hizo un análisis de procesos iniciados en la vía penal desde que entró en vigencia la Ley 243 (en 2012) hasta diciembre de 2022. En ese periodo, según datos del Consejo de la Magistratura, se registraron 538 procesos, de los cuales seis llegaron a sentencia y diez a resoluciones ejecutoriadas”, informó la Coordinadora de la Mujer.
Según el estudio, de las 538 denuncias 29% corresponde a denuncias de acoso político y el 71% a violencia política.
“Aunque el acoso político es parte de la violencia política, presenta más dificultades de ser visibilizado como delito y de acceder a bases probatorias”, señala el estudio.
De acuerdo con el documento en relación a la situación de casos de violencia y acoso político en el sistema penal solo diez casos de 538 tienen sentencia ejecutoriada; seis están con sentencia; en etapa preliminar se encuentran 237 casos, la mayoría de ellos en La Paz.
Noventa y ocho casos están con apelación incidental y un caso fue extinguido, según los datos del Consejo de la Magistratura.
Los hechos de acoso y violencia política no solo afectan la integridad física y psicológica de las mujeres, sino que también compromete su permanencia en los cargos públicos, lo que deriva en la poca o ninguna visualización de sus aportes y resultados políticos.
UN CASO
Uno de los primeros casos en contar con sentencia fue el de la excandidata a gobernadora Felipa Huanca contra el exdiputado y excandidato a gobernador por La Paz Rafael ‘Tata’ Quispe por el delito de acoso político. En febrero de 2021, Quispe fue sentenciado a dos años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
El 62% de los casos denunciados por vía penal corresponde a actos cometidos por hombres; el 8% por mujeres y el 19% tiene como posibles autores a hombres y mujeres.
“Los delitos de acoso político y violencia política por lo general no son cometidos por una sola persona, más al contrario, son delitos en los que es más frecuente la participación de varios sujetos, en particular cuando se trata de actos de hostigamiento y acoso”, señala el estudio.
Entre los principales argumentos de rechazo de denuncias, los más frecuentes tienen que ver con el hecho de que la investigación no aportó elementos suficientes para una acusación y que las mujeres en situación de violencia proporcionaron información incompleta.
Hostigamiento es la figura más denunciada por vía penal
El hostigamiento (acoso, persecución) es la figura más denunciada por la vía penal, según el estudio El acoso y la violencia política en el sistema de justicia penal en Bolivia, presentado por la Coordinadora de la Mujer en alianza con el Comité de Género del Órgano Judicial y la Asociación de concejalas de Bolivia (Acobol).
En segundo lugar están las amenazas y en una tercera posición está el daño a la imagen pública.
De acuerdo con el estudio por detrás están las denuncias de presión por presentar su renuncia; luego está la violencia psicológica; la restricción a participar en actos vinculados a sus funciones; violencia política; presión para la suscripción de la gestión compartida; violencia psicológica a los familiares; persecución a la víctima y finalmente hostigamiento a los familiares.
“Se muestra que la presión por renuncia tiene 10 denuncias, que si bien presenta en la gráfica un cuarto lugar, en los hallazgos cualitativos fue una de las acciones recurrentes. Esta presión por renunciar se relaciona con el conflicto entre los concejales suplentes y los titulares bajo el argumento de gestión compartida”, señala el estudio.
La Paz/AEP
