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Las víctimas están satisfechas y creen que es un buen comienzo en su camino de búsqueda de justicia. | Foto: APG

Detención domiciliaria y arraigo para jesuitas acusados de encubrimiento

Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83) tienen también la prohibición de comunicarse con determinadas personas, según la decisión judicial.

La Paz, 29 de marzo de 2024 (AEP). – Los exsacerdotes Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83) fueron beneficiados con la detención preventiva y arraigo, luego de una audiencia cautelar en Cochabamba, ayer. Ambos están imputados por encubrir los abusos sexuales del padre Alfonso Pedrajas (+).

La determinación fue asumida por el Juzgado de Violencia Familiar N° 1 de Coña Coña, en Cochabamba. Los dos sacerdotes, exprovinciales de la Compañía de Jesús, son investigados por el delito de encubrimiento en el caso denominado Padre Pica, como se lo conocía a Pedrajas, de origen español, en el país.

“Estas dos personas tenían la obligación y el deber de cuidar que las obras de la Comunidad Jesuita, entre ellas del colegio Juan XXIII y el Noviciado, se cumplan en un ambiente seguro y de protección absoluta de todos los internos”, sostuvo la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres.

Recolons y Alaix tienen también la prohibición de comunicarse con personas determinadas, además de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes y detención domiciliaria en el lugar en el que habitan.

Caso padre pica

El 29 de abril del año pasado, el periódico español El País publicó un reportaje sobre las confesiones del padre ‘Pica’. En su diario admitió que vejó al menos a 85 víctimas, lo que desató una investigación y llamados de justicia en Bolivia.

Incluso el presidente Luis Arce pidió al papa Francisco, en mayo de 2023, que la justicia boliviana tenga acceso a todos los archivos, expedientes e información referida a las denuncias de abuso sexual cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en Bolivia.

Fundamentación

Cáceres explicó que el Ministerio Público fundamentó, en la audiencia cautelar, el presupuesto material de forma detallada y precisa, respaldando los hechos con los elementos indiciarios recolectados, historia, catálogos, informes, certificaciones, inspección y actas, con énfasis en las declaraciones de víctimas e informes psicológicos emitidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.

Además se detallaron “fechas y momentos precisos” de cuando los imputados tuvieron conocimiento de los hechos de agresión sexual cometidos —no solo por Pedrajas, sino también por otros jesuitas— registrados entre 1970 y 1990, sostuvo Cáceres.


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