El Ejecutivo no solo se enfoca en sofocar los incendios, sino también en endurecer las sanciones, que antes “eran meramente simbólicas”.
El Gobierno nacional ha actualizado las normas que sancionan las quemas y chaqueos no permitidos con la promulgación del Decreto Supremo 5203. Esta normativa establece multas en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), con un mínimo aproximado de Bs 470 y un máximo de Bs 2.400 para los infractores, informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
“No solo nos estamos abocando al apagado de incendios, sino también hemos actualizado el tema de las sanciones administrativas por parte de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), que desde 1996 no teníamos actualizadas. Desde esas fechas, las sanciones eran totalmente simbólicas”, dijo Novillo en una entrevista con Bolivia TV.
El ministro informó que actualmente hay 51 procesos penales y 253 procesos administrativos relacionados con incendios en el país.
El viernes se llevó a cabo una audiencia para seis detenidos, de los cuales tres pasaron a detención preventiva y los otros fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Grover C., quien permanece en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, destaca como uno de los principales acusados por este delito.
Novillo denunció que algunos infractores buscan ampliar la frontera agrícola mediante las quemas, ya que este método es más económico, aunque causa un tremendo daño ambiental. Además señaló que hay personas que, de manera inescrupulosa y con intenciones políticas, provocan incendios en caminos y otras áreas.
Indicó que, además de los procesos penales, los infractores enfrentarán sanciones económicas ajustadas a las nuevas normas, bajo el control de las Fuerzas Armadas, la Policía y la ABT.
Nuevo reglamento
Adelantó además que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua trabaja en un reglamento respecto a las categorías, en función a los incendios generados, y que la sanción será multiplicada por la cantidad de hectáreas del propietario.
“Si el que ha provocado incendios tiene mayor cantidad de extensión de hectáreas, va a pagar mayor sanción, siempre y cuando se verifique por la vía administrativa que son los causantes del fuego”, especificó.
Destacó que muchas veces la atención pública y mediática se centra solo en apagar incendios, lo que representa una carga para el Gobierno y las gobernaciones. Sin embargo, el verdadero problema son los hechos ilícitos que causan daño al medioambiente y a la población, y que deben ser juzgados y controlados adecuadamente.
La Paz/AEP
