El exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa Héctor Pérez fue sentenciado a tres años y cuatro meses de reclusión en el proceso.
La Fiscalía informó que apelará la determinación judicial que otorgó una sentencia de cinco años y cuatro meses a los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, quienes formaron parte del régimen de Jeanine Añez.
“Durante la etapa investigativa se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde se transportaron policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de ese país, entre otros que demuestran la autoría de los sindicados que hoy (viernes) fueron sentenciados; por ello, los exministros varones deberán cumplir su condena en San Pedro y la exministra, en Obrajes. Una vez seamos notificados se apelará la determinación porque consideramos que corresponde la pena máxima”, sostuvo el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez.
El viernes, la justicia condenó a Murillo, López y Lizárraga a cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros en el caso denominado Gases Lacrimógenos. Por este mismo hecho, Héctor Pérez Ortiz, exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa, fue condenado a tres años y cuatro meses de privación de libertad.
Dentro del mismo proceso se dictó resolución absolutoria para los excomandantes del Ejército y de la Policía Sergio O. C. y Rodolfo A. M. T., y Rubén P. B., Iván P. I. R., Adhemar J. T. M., y José G. P. S., que fueron imputados por el delito de tráfico de armas en grado de complicidad. También se absolvió a los exministros por ese delito.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Hernán Kiffer, informó que, de acuerdo con la investigación, el hecho se suscitó el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría llevado adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante general de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamo de materiales antidisturbios para reprimir a los movilizados en el territorio nacional.
La Paz/AEP
