Los familiares de las víctimas del 21 de junio de 2022 comenzaron a trabajar desde septiembre en el área administrativa del verde olivo.
La Paz, 03 de junio de 2023 (AEP).- El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó ayer que pese al desistimiento de los familiares de las tres personas acribilladas en Porongo, el año pasado, no se frenarán las indagaciones del caso que implica a Misael Nallar.
“Las familias de las tres personas fallecidas han presentado un desistimiento en favor del señor Misael Nallar dentro de esta investigación. Sin embargo, el Ministerio Público, dentro de sus facultades y al ser un delito, tiene que seguir de oficio”, dijo el funcionario.
Mariaca indicó que la comisión que lleva adelante el caso valorará todos los elementos que se tienen en el cuaderno de investigaciones para resolver el tema conforme a procedimientos y la Constitución Política del Estado.
En el caso que conmocionó al país está involucrado el beniano Misael Nallar, yerno de Jesús Einar Lima Lobo, calificado como un “pez gordo del narcotráfico”, que fue extraditado y se encuentra preso en Brasil desde 2021.
Según las pesquisas, la tarde del 21 de junio de 2022 las víctimas —los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes, y el voluntario del Gacip, David Candia— fueron acribilladas con armas de alto calibre.
El jueves, de manera sorpresiva, los familiares de los policías y el voluntario presentaron un acta de desistimiento en favor de Nallar.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, donde están las firmas de Liliana Sánchez Rojas (esposa de Chávez), Líder Candia (padre de Candia) y Rocío Magdalena Gonzales (esposa de Alanes), nunca recibieron amenazas de parte de Misael Nallar, más al contrario, dijeron que recibieron comprensión y ayuda económica.
La abogada Jessica Echeverría, quien defendía a las familias de las tres víctimas, argumentó que recibió una llamada telefónica en la que le hicieron un ofrecimiento económico con tal de que deje el caso. Y, dijo, lograron el propósito de apartarla del caso, ya que era ella quien insistía en continuar.
El juez Rodrigo Vedia, del Juzgado Público Mixto Civil Comercial del municipio de La Guardia, conminó a la Fiscalía a presentar las conclusiones de la etapa preparatoria del proceso en un plazo de cinco días.
Trabajo a Familiares
El 3 de septiembre, tres mujeres —familiares de los efectivos policiales y el voluntario del Gacip— recibieron sus respectivos memorándums de incorporación a la Policía Boliviana, de manos del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
“Ahora sus familiares trabajarán en la entidad verde olivo, donde se desarrollarán inicialmente como personal administrativo y de servicio”, escribió Del Castillo en su momento.
