El viceministro Roberto Ríos destacó que en el gobierno del presidente Luis Arce se llevan a cabo 11 acciones de prevención y atención para el resguardo de la población boliviana.
La Paz, 18 de junio de 2023 (AEP).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el Gobierno ejecuta una nueva política de protección a la población, la cual se traduce en el Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana 2021-2025.
El plan cuenta con cinco lineamientos estratégicos que son: fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; reducción de riesgos y fortalecimiento de medidas de protección contra el delito y la violencia; modernización de la Policía Boliviana y consolidación de la desconcentración de servicios policiales y no policiales; integración del Sistema Nacional de Comando y Control Bol-110; y modernización del sistema penitenciario.
“La seguridad ciudadana es la que se brinda al ciudadano, pero desde un enfoque no solo de intervención policial, sino también desde el mismo ciudadano, desde las instituciones tanto públicas como privadas, organizaciones y, sin duda, todos los gobiernos”, dijo la autoridad.
Sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, indicó que es importante que todas las instituciones que la incorporan participen constantemente para brindar mayor protección a la población.
Otro de los lineamientos que se trabaja es la reducción de riesgos y el fortalecimiento de medidas de protección contra el delito de violencia. Para ello, principalmente se realizan acciones de prevención,
“Nuestra gestión está enfocada en lo que es la prevención antes que en la represión”, destacó la autoridad.
Sobre la modernización de la Policía, indicó que es importante la implementación de tecnología para los servicios que brinda. Además, se debe profundizar la desconcentración de los efectivos policiales, para lo que se requiere la construcción de estaciones integrales y módulos policiales para que los efectivos patrullen y brinden una atención inmediata a la población.
“Existen lugares donde nos piden presencia policial, pero ¿dónde los vamos a llevar a los policías? Si no tenemos dónde duerman, dónde vivan, y por otro lado, ni siquiera hay oficinas para que ellos puedan desarrollar sus servicios”, lamentó.
Agregó que otro de los lineamientos desarrollados es la integración del Sistema Nacional de Comando y Control Bol-110, que fue impulsada en gestiones anteriores, pero no se priorizó.
Lamentó que su ejecución se haya paralizado, por lo que su activación en varios municipios no prosiguió. Señaló que para los años siguientes se prevé que esté funcionando en las ciudades de La Paz, Oruro, El Alto, Trinidad, Cobija, Warnes y Santa Cruz, pero que paulatinamente otros municipios formen parte del sistema.
“Gracias a los esfuerzos del nivel central, son más de 100 millones de dólares, aproximadamente, la inversión, y en contraparte se les pide a ellos, ya sea la infraestructura, la construcción, la readecuación y también la compra de algunas cosas, que en el mayor de los casos cada uno destina una contraparte no mayor al 10 por ciento”, resaltó.
Sobre la modernización del sistema penitenciario, precisó que en la actualidad se maneja un enfoque de rehabilitación y reintegración, para que las personas privadas de libertad, una vez que salgan, puedan integrarse a la sociedad.
“Es importante mencionar que los actores no solo es la Policía, sino los mismos ciudadanos y ciudadanas, los gobiernos subnacionales, las organizaciones y otras entidades”, reiteró.
Acciones ejecutadas
El viceministro destacó que en el gobierno del presidente Luis Arce se llevan a cabo 11 acciones de prevención y atención para el resguardo de la población boliviana.
La primera acción es la aplicación del programa de prevención DINO, en el que participaron alrededor de 40 mil estudiantes, a quienes se capacitó en prevención de violencia, drogas, bullying, inseguridad y delitos.
La segunda son las Brigadas de Seguridad Ciudadana, en las que están las brigadas escolares, de padres de familia, de vecinos. Hasta diciembre de 2022 en total se conformaron 2.095 brigadas en todo el país.
La tercera es la implementación de Mi Barrio Seguro. Informó que son 100 planes los que ya se ejecutan, pero que se continúa trabajando para aplicar otros en distintos barrios y zonas. “Ya tenemos presencia en los nueve departamentos”, aseguró la autoridad.
Ríos expresó que para el plan Escuela Segura —la cuarta acción— se despliegan más de 3.050 efectivos policiales por semana a las distintas unidades educativas.
“En un esfuerzo conjunto con los padres de familia, se conforman brigadas porque saben que la Policía no puede estar todos los días y no puede cubrir todas las unidades educativas, por eso se va alternando con ellos”, explicó.
Indicó que los padres y madres son agentes de promoción en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, seguridad vial y, sin duda, también se constituyen en agentes de alerta, ya que ante cualquier suceso directamente se contactan con la Policía Boliviana.
La autoridad sostuvo que la quinta acción es el plan Viaje Seguro, que se activa sobre todo en feriados largos o festividades, ya que la población se traslada de un lugar a otro, lo que coadyuva a la reactivación económica del país, por lo que se garantiza que la gente que viaja pase un momento agradable, sienta tranquilidad y seguridad.
La sexta y séptima acciones son los talleres de sensibilización en trata de personas y los talleres de capacitación para funcionarios públicos, respectivamente. También se llevó a cabo el primer Hackaton contra la trata de personas —octava acción—, que está relacionado a la actualización de plataformas digitales para que las personas no sean víctimas de secuestros o manipulaciones.
Ríos detalló que otra de las acciones ejecutadas —la novena— es el programa de recuperación de espacios públicos, bajo la reglamentación de la Ley 259, de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. En ese marco, se hicieron operativos para identificar a las personas que beben en la vía pública.
“A diferencia de antes, que estaban ocho horas dentro de una celda policial, ahora una vez que son identificados son sometidos a trabajo comunitario”, dijo. Resaltó que esa es una forma de que brinden un servicio a la ciudadanía.
Destacó que el plan Frontera Segura —décima acción— desde su implementación da buenos resultados, ya que se realiza un trabajo coordinado con los países vecinos y de esa manera se pueden anticipar posibles atracos, mediante el intercambio de información con sus pares.
Por último —como undécima acción—, resaltó que ahora los efectivos policiales participan en más operativos, brindando mayor seguridad a la población.
Ríos también indicó que específicamente este año se trabaja en la estrategia de cultura digital, la puesta en marcha de 3.000 brigadistas en materia de seguridad ciudadana, la planificación de la construcción de tres FELCV integrales, y un mayor alcance con el plan Mi Barrio Seguro.
Asimismo, se entregarán tarjetas de identificación del conductor; se capacitó a mujeres en prevención de la violencia y a los hombres, en masculinidades. También resaltó la exitosa puesta en funcionamiento del Estado Digital.
Sin acciones de protección para la población
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, lamentó que desde 2016 hasta 2020 no se haya contado con un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. En gran parte de ese periodo el ministro de Gobierno era Carlos Romero, quien ejerció en dos ocasiones el cargo.
Comentó que se llevaron adelante las cumbres de Seguridad Ciudadana, pero que estas no presentaban acciones concretas para ejecutar.
“Las cumbres de seguridad eran una analogía, que en realidad nunca se activaron”, dijo Ríos, algo que en la actualidad se trabaja para que por primera vez el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana se constituya.
Lamentó que las cumbres que se efectuaron nunca aterrizaron en acciones concretas, pues solo se decidía en qué se invertirían los recursos del POA, pero no se definía un mecanismo de seguimiento y evaluación para saber si realmente se cumplieron los objetivos.
Campañas aisladas
El viceministro cuestionó que las campañas que se hicieron eran aisladas, pues se manejaba una directriz general sin importar las situaciones de cada ciudad.
Deploró el hecho de que no se considerara la problemática de cada municipio, barrio o sector, lo que provocó que las campañas que se realizaron no llegaron a toda la población y no se tuvo el impacto esperado.
Presupuesto
Al identificar que no se contaba con un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual permite orientar el gasto de las entidades territoriales autónomas, las ejecuciones bajaron considerablemente.
“Del 2016 al 2022, vemos que fueron reduciendo desde 2017 la ejecución de recursos en seguridad ciudadana, debido a que no se contaba con este plan de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), en muchos casos”, detalló.
