El procurador Wilfredo Chávez indicó que se tomarán acciones pertinentes acerca de los casos de abuso y se coordinará con el Ministerio Público.
La Paz, 24 de mayo de 2023 (AEP).- El abogado de las víctimas de sacerdotes, Marvin Astorga, dijo ayer que dos denuncias de violación, hechos ocurridos en San Ignacio de Velasco y Roboré, en el departamento de Santa Cruz, fueron encubiertas por un miembro de la Iglesia Católica.
Lamentó que el obispo Robert Herman Flock haya defendido y encubierto a los religiosos de su orden que incurrieron en violación, pederastia y abuso sexual.
El primer caso sucedió en 2017, cuando el sacerdote José Mario Paz fue acusado de dopar y violar a una misionera de 39 años, además la amenazaba constantemente. La víctima tiene los audios donde se escucha la voz del cura y cómo amenaza a la misionera.
El obispo Robert Flock, citado por La Razón en ese tiempo, defendió al religioso y dijo que es una “estrategia” para vivir “a costa de la Iglesia”.
Astorga repudió la “apacible actuación del obispo”, quien no hizo nada y, por el contrario, intimidó a la víctima para que cierre el caso.
El segundo hecho ocurrió en 2020, cuando el párroco Eulalio M., párroco de San Matías, agredió sexualmente a una niña de diez años que se preparaba para su primera comunión.
“Llama la atención que, como obispo, el señor Herman no hizo nada para buscar justicia para esta niña”, condenó la parte denunciante.
El párroco fue encarcelado en Palmasola, pero en tres años obtuvo su libertad.
“(Él) ha tenido conocimiento de la violación a una niña de aproximadamente 10 años en la comunidad de Roboré por el padre Eulalio, quien tuvo que ser encarcelado en Palmasola, pero a menos de tres años del suceso se reveló que obtuvo su libertad”, denunció el jurista en conferencia de prensa, en la que también se encontraba el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte.
El procurador Chávez indicó que se tomarán acciones sobre los temas de violación, se coordinará con el Ministerio Público y se investigará la situación del caso.
“Encubrimiento de una autoridad que debía haber operado y protegido a la víctima, pero en lugar a ello se estaba dedicando al tema de patrimonio. Me siento triste por esta situación porque es recurrente la actitud que tenemos de las autoridades de la Iglesia Católica”, dijo Chávez.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto manifestó que se investigarán los actos delictivos que cometieron algunos miembros de la Iglesia Católica.
“Vamos a hacer seguimiento de estos casos que han ocurrido y que no queden en la impunidad y que sean sancionados los encubridores”, dijo Ugarte.
