La institución no tiene competencia sobre los predios, porque actualmente están con un proceso abierto ante el Tribunal Agroambiental.
La Paz, 31 de marzo de 2023 (AEP-Digital).- El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, aclaró este viernes que el 100% de las tierras de Santagro están ubicadas en la Reserva Forestal Guarayos, del departamento de Santa Cruz, por lo que son fiscales, es decir propiedad del Estado.
“El INRA ha determinado que son tierras fiscales, que corresponden al Estado, tierras fiscales no disponibles porque, primero, el 100% de este predio se encuentra dentro de la Reserva Forestal Guarayos, y segundo, su vocación productiva es de carácter forestal, (pero) había sido cambiado el uso de suelo de esos predios”, dijo en rueda de prensa.
También informó que dicha institución no tiene competencia sobre los predios, porque actualmente están con un proceso abierto en Tribunal Agroambiental, luego de que supuestos propietarios impugnaran la resolución del INRA. Se espera que la autoridad competente emita una sentencia definitiva en los próximos meses.
“Una vez que se impugna las resoluciones del INRA, la institución pierde competencia y en este caso el Tribunal Agroambiental dictó ya medidas cautelares para proteger estos predios”, señaló Núñez.
Recordó que en 2021 la institución gubernamental concluyó el proceso de saneamiento de esas tierras, incluido el predio Santagro, ubicado en el municipio El Puente. En dicho trabajo determinó que son fiscales, que corresponden al Estado.
“El INRA ha realizado un trabajo técnico jurídico impecable en esa zona”, resaltó.
Ante los enfrentamientos del miércoles entre interculturales y trabajadores de la empresa Santagro, hecho que provocó la muerte de dos personas y al menos tres heridos, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.
Afirmó que desde el Gobierno nacional tienen la firme convicción de que los litigios no se resuelven con violencia, medidas de presión o hechos como los ocurridos, sino mediante el diálogo y procesos ante las autoridades competentes.
Indicó que ahora corresponde que el Ministerio Público abra una causa para la investigación del caso, para sancionar a los responsables de las muertes.
“Como Gobierno nacional no toleraremos hechos de avasallamiento porque es un delito penal, ocupar tierras que están en proceso de saneamiento, que ya están tituladas, o tierras fiscales como este caso. Es un delito que está tipificado en la Ley 477”, agregó.
