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Foto: PGE

Juez ordena detención preventiva para Huoy Kung Tang en San Pedro

Es acusado de explotación ilegal de recursos minerales, compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

La Paz, 26 de mayo de 2024 (AEP).- Revocan la detención domiciliaria de Huoy Kung Tang, acusado de explotación ilegal de recursos minerales, en el caso Amayapampa. La justicia determinó su detención preventiva ante riesgos procesales e instruyó la ampliación de la denuncia contra otras seis personas.

“El Juez Séptimo Cautelar, ante la acreditación de riesgos procesales, suficientes indicios de obstaculización, determinó revocar la detención domiciliaria del imputado (Huoy Kung Tang) ordenando la detención preventiva por un periodo de cinco meses en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz”, destaca un comunicado de la Procuraduría.

Revocatoria

La decisión judicial fue asumida por el juez cautelar en la Audiencia de Revocatoria de Detención Domiciliaria y Ampliación de Riesgos Procesales, que se desarrolló el viernes, en el caso promovido contra Huoy Kung Tang, por los delitos de explotación ilegal de recursos minerales, venta o compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Además, la denuncia fue ampliada a Yongling Wu (socio), Mike Fan, Juan Fung Yip (socio), Armando Santiago Donaire Silva (socio); Eugenio Mendoza Tapia, ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y Federico Gastón Tito Patzi, exgerente técnico y de Operaciones de Comibol.

Contrato

En 2021, la Comibol suscribió un contrato con la Empresa Minera Phoenix Mining SA, para el área de titularidad ubicada en Amayapampa I, cantón Chayanta del departamento de Potosí, por el cual la compañía china se comprometió a invertir casi 152 millones de dólares durante los tres primeros años de la ejecución.

Sin embargo, el contrato fue incumplido por la empresa minera. El representante legal de la empresa Minera Phoenix Mining SA era Huoy Kung Tang.

Según la Procuraduría, en este proceso se estableció un daño económico al Estado de Bs 11.757.397.


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