Lo que comenzó como una protesta pacífica de los vecinos alteños, indignados por la quema de la wiphala y los actos de violencia en otras regiones del país, escaló rápidamente hacia un enfrentamiento letal.
Hoy se inicia el juicio por uno de los episodios más oscuros de la crisis política de 2019: la masacre de Senkata. Los 18 acusados, entre ellos la presidenta de facto Jeanine Añez, deberán responder a la justicia en un proceso ordinario que tiene como base la figura penal de “genocidio”.
La exsenadora y otros 17 acusados enfrentarán cargos por la muerte de 10 civiles desarmados en la ciudad de El Alto, en un caso que ha conmocionado al país y captado la atención internacional.
Los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2019. En medio de una creciente tensión política tras la renuncia del expresidente Evo Morales, la planta de gas de Senkata, estratégicamente crucial para el suministro de combustible en el occidente boliviano, se convirtió en el epicentro de un conflicto que acabaría en tragedia.
Según los informes de la Fiscalía, ese día se ejecutó el denominado Plan Sebastián Pagador, una operación militar y policial destinada a tomar el control de la planta.
Lo que comenzó como una protesta pacífica de los vecinos alteños, indignados por la quema de la wiphala y los actos de violencia en otras regiones del país, escaló rápidamente hacia un enfrentamiento letal.
La Fiscalía detalla que, luego del paso de un convoy de cisternas que salió “sin novedad”, la situación se agravó. Las fuerzas de seguridad, respaldadas por vehículos de combate, respondieron con una fuerza desproporcionada ante las protestas de civiles armados solo con palos, piedras y petardos.
DECRETO DE LA MUERTE
El saldo fue devastador: 31 heridos y 10 fallecidos.
Los informes forenses revelan una realidad escalofriante: las víctimas murieron por impactos de proyectiles de diversos calibres, incluyendo 9 mm, 5.56 y 22, de uso militar.
Estas muertes, según la acusación, ocurrieron “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos”.
En el centro de la controversia se encuentra el Decreto Supremo 4078, firmado por Añez y su gabinete apenas cinco días antes de la masacre.
Este decreto, posteriormente abrogado y conocido como “el decreto de la muerte”, eximía de responsabilidad penal al personal militar involucrado en operaciones de orden público.
Ahora, casi cinco años después de aquellos trágicos eventos, la Fiscalía busca una sentencia de 30 años de cárcel para Añez y los demás acusados por el delito de genocidio.
El juicio promete ser un punto de inflexión en el procesamiento de violaciones de derechos humanos en Bolivia y podría sentar un precedente importante para la región.
Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, el caso Senkata continúa siendo un doloroso recordatorio de las profundas divisiones que aún persisten en la sociedad boliviana. El juicio no solo buscará establecer responsabilidades penales, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial boliviano para abordar uno de los capítulos más controvertidos de su historia reciente.
“Hay suficientes indicios y elementos de prueba que servirán para sustentar los hechos. Las pruebas son los levantamientos de cadáveres, pruebas testificales, certificados médicos forenses, certificados de defunción”, dijo el procurador general del Estado, César Siles.
PRIMER GABINETE
“El decreto de la muerte”, como fue bautizada la norma 4078, fue firmado, además de Añez, por Karen Longaric (ministra de Relaciones Exteriores), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno, con condena en Estados Unidos por lavado de activos), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Álvaro Coímbra (ministro de Justicia).
La nómina está integrada también por María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordóñez (ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (ministra de Comunicación).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba, Cochabamba, con 11 muertos, y Senkata fueron masacres.
DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba, Cochabamba, con 11 muertos, y Senkata fueron masacres.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Añez a la Presidencia y que dejaron 38 muertos por armas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Añez anunció al país que se había logrado la “pacificación” del país.
Juicio
El juicio está radicado en el Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto.
La Procuraduría calificó este juicio como un “proceso sin precedentes” que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.
“La Procuraduría General del Estado reitera su firme compromiso con la justicia, la celeridad, la transparencia y el principio de no repetición, asegurando que estos casos se conviertan en un mensaje inequívoco contra la impunidad”, señaló la institución en su momento.
De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía General del Estado, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Se recibieron además 40 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de la estatal petrolera, entre otros elementos, por lo que se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años contra los acusados.
Procesados
Por el caso Senkata, además de Añez, Arturo Murillo y Fernando López, se menciona a Víctor Hugo Zamora Castedo, exministro de Hidrocarburos y a Luis Fernando Valverde Ferrufino, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
También están procesados Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector general de las Fuerzas Armadas; Moisés Orlando Mejía Heredia; excomandante de la Armada Boliviana; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana e Iván Patricio Inchaustes Rioja, excomandante del Ejército Boliviano
Otros acusados son Franco Orlando Suárez González, excomandante de la Mecanizada 1; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento 3º Logística; Miguel Eduardo Santisteban Estruebel, exsubcomandante del Regimiento de Satinadores 1 Germán Busch Challapata; Alfredo Mario Irazabal Guzmán y al excomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, Yacuiba.
A ellos se agregan Rodolfo Antonio Montero Torrico, excomandante general de la Policía Boliviana; Julio William Cordero Alborta, excomandante departamental de La Paz de la Policía; y Eloy Iván Rojas del Carpio, excomandante regional de la Policía de El Alto
La Fiscalía General del Estado puntualizó que “todos ellos” son procesados “por la comisión del delito de genocidio, previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal”.
“Para quienes, en virtud de la grave vulneración de derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y la integridad personal, a la conclusión del juicio oral se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad”, anunció el Fiscalía General del Estado.e
