En el proceso también figuran los exministros Carlos Alberto López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar.
El martes 3 de septiembre se reinstalará el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso denominado Petrocontratos. En caso de una sentencia, sería la primera en Bolivia contra Goni, quien radica en Estados Unidos desde 2003.
“Hablamos de petrocontratos, origen de la Guerra del Gas (octubre de 2023). Muertos, heridos y una situación caótica que el pueblo alteño reclama justicia”, dijo el procurador del Estado, César Siles, en el programa Los hechos cuentan, del canal estatal Bolivia TV.
Siles agregó que la importancia del proceso recae en sentar un precedente histórico. “Va a ser la primera sentencia en Bolivia contra Gonzalo Sánchez de Lozada, no se lo pudo sentenciar hasta ahora. La sentencia que tiene Goni es en Estados Unidos, por un tema de reparaciones civiles, pero, segundo, lo más importante es que vamos a poder generar una política pública para, a partir de esta sentencia, respecto a los contratos hidrocarburíferos de exploración, explotación, de comercialización de hidrocarburos que necesariamente requieren autorización congresal”, señaló.
El procurador César Siles en estudios del canal 7, Bolivia TV. | Foto: Bolivia TV
Sánchez de Lozada radica desde el 17 de octubre de 2003 en Estados Unidos, luego de huir del país después de renunciar al cargo de presidente por una convulsión social que se llevó 60 vidas.
En abril de 2018, un jurado civil de Estados Unidos declaró a Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, responsables de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas en 2003 durante la llamada “Masacre de octubre” o “Guerra del Gas”.
Sánchez de Lozada y los exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de 107 contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Congreso.
El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) contra de Sánchez de Lozada, Jorge Tuto Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales en 2018.
“Estamos a puertas de una sentencia”, argumentó Siles, quien detalló que en la audiencia del martes 3 de septiembre se “terminarán de agotar las pruebas de la defensa” y se ingresará a la fase de los alegatos finales, previos a la sentencia definitiva, que se prevé podría ser anunciada el viernes 6 de septiembre.
“Viernes a más tardar tendría que estar dictándose la sentencia”, apuntó Siles.
La sentencia servirá a la Procuraduría, al Ministerio Público y al Estado para activar una reparación de daños civiles, tomando en cuenta que las empresas fueron beneficiadas con el 82% de los recursos naturales de Bolivia.
La Paz/AEP
