Durante los 36 días del paro que exigía un censo en 2023 se reportaron cuatro muertos, la toma y quema de sedes sindicales.
El Juzgado Primero Anticorrupción rechazó y declaró infundado el recurso presentado por la defensa del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho para trasladar de La Paz a Santa Cruz de la Sierra el proceso penal por los daños en los 36 días del paro cívico cruceño.
La defensa de Camacho pretendía que este proceso sea ventilado en la capital cruceña, pese a que el denunciante, en este caso la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, y uno de los principales acusados radican en La Paz.
Los denunciados en este proceso son Camacho, el excívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan. La audiencia estaba prevista para el miércoles.
Durante los 36 días del paro que exigía un censo en 2023 se reportaron cuatro muertos, la toma y quema de sedes sindicales, como de los campesinos, agresiones a quienes se resistían a parar por parte de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y pérdidas económicas superiores a los $us 1.000 millones, con mayor peso en sectores que viven del día a día, entre otros hechos.
Al final, los promotores de la extrema medida de presión terminaron aceptando la propuesta del Gobierno, de realizar el Censo en 2024, sobre la base de un informe técnico.
La COR-El Alto planteó en La Paz una demanda en contra de los responsables de los daños provocados por el paro. Luego de un análisis de los argumentos de las partes, la justicia decidió que este caso radique en La Paz y rechazó la intención de que sea llevado a Santa Cruz.
