Entre las recomendaciones de la CIDH está identificar a los responsables de los sucesos y establecer las sanciones correspondientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el viernes que presentó oficialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) el caso de Bolivia referido al operativo policial en el Hotel Las Américas, de 2009.
La presentación se produjo el 26 de julio de 2024, “por las violaciones ocurridas en el marco de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, que ocasionó la muerte de Michael Dwyer y otras dos personas, y la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza (sic)”.
El 11 de abril de 2024, la Procuraduría, en representación del Estado, presentó un informe del grado de cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre este caso; sin embargo, la Comisión determinó llevarlo hasta la Corte-IDH y recomendó al Estado reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica, rehabilitación de víctimas, sanciones correspondientes para los responsables y prevenir futuros incidentes similares.
Operativo
Oficinas de la Corte-IDH en San José, Costa Rica. | Foto: Corte-IDH
El 16 de abril de 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ingresó a las instalaciones del Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego.
“Como consecuencia de dicho operativo, Michael Dwyer y otras dos personas murieron, y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. Días después, el 28 de abril se realizó la detención de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Las cuatro personas detenidas alegaron tortura”, indicó la CIDH.
Ese año, el país era gobernado por el entonces presidente Evo Morales, ahora vinculado a una denuncia por estupro y trata y tráfico de personas.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH observó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte.
Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho e integridad.
La entidad finalizó que el Estado de Bolivia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, a la protección a la honra y dignidad, y a la protección judicial.
La Paz/AEP
