El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, destacó la participación de la Unión Europea bajo la modalidad de apoyo presupuestario sectorial.
La Estrategia de la Lucha contra el Narcotráfico 2021-2025 tiene un presupuesto de $us 575 millones. Para este plan estratégico, el Gobierno aseguró $us 400 millones mediante el Tesoro General de la Nación (TGN), y los restantes $us 175 millones fueron gestionados mediante la cooperación internacional.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, destacó la participación clave de la Unión Europea bajo la modalidad de apoyo presupuestario sectorial, en entrevista con el matutino Ahora El Pueblo.
“Con un presupuesto total de 575 millones de dólares asignados para este plan estratégico, el país ha asegurado 400 millones mediante el Tesoro General de la Nación, mientras que los 175 millones restantes han sido gestionados mediante la cooperación internacional”, aseguró Mamani.
Desafío y sostenibilidad
Sin embargo dijo que el principal desafío radica en garantizar la sostenibilidad de estos recursos frente a las crecientes demandas operativas y logísticas, y que el apoyo internacional, especialmente de socios estratégicos como la Unión Europea “resulta fundamental para mantener un enfoque integral y fortalecer áreas clave como la interdicción”, señaló.
Para superar estas limitaciones, aseguró que el Gobierno ha implementado estrategias de diversificación del financiamiento, consolidando alianzas con organismos multilaterales y promoviendo programas bilaterales que priorizan acciones específicas en los sectores más críticos.
Sostuvo que se busca optimizar el uso de los recursos disponibles mediante un enfoque transparente y orientado a resultados, con el fin de maximizar el impacto en la lucha contra el narcotráfico.
Con este esfuerzo, sostuvo que el país reafirma su compromiso de cumplir con las metas establecidas en la estrategia nacional, avanzando hacia una lucha más efectiva y sostenida contra este flagelo.
Cooperación internacional
Mamani destacó durante la Reunión de Coordinación y Seguimiento al Programa de Cooperación de la Unión Europea, en agosto, la relevancia del apoyo técnico y financiero de la Unión Europea en los esfuerzos de Bolivia contra el narcotráfico.
La autoridad resaltó también los esfuerzos de coordinación internacional para combatir el tráfico de drogas, consolidando las relaciones bilaterales con los países vecinos con la realización de 10 comisiones mixtas y la ejecución de 11 operativos coordinados y simultáneos en regiones de frontera, orientados a la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Firmeza contra el narcotráfico
En un contexto regional marcado por la complejidad del crimen transnacional, Bolivia ha logrado posicionarse como un actor estratégico en la lucha contra el narcotráfico.
Bajo la administración del presidente Luis Arce, el país ha demostrado que es posible enfrentar este flagelo con inteligencia, coordinación internacional y una visión integral de la seguridad.
En cuatro años, la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2021-2025 ha conseguido golpear al crimen organizado en más de $us 635 millones afectados al patrimonio criminal y la desarticulación de nueve organizaciones delictivas transnacionales. Estas cifras son el resultado de una política pública robusta y decidida.
Lo más destacable es la transformación metodológica en el abordaje del problema. El Gobierno boliviano ha comprendido que el narcotráfico ya no es un desafío local, sino una amenaza compleja que requiere respuestas multinacionales.
La cooperación con Brasil, Argentina, Chile y Perú, junto con organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha sido fundamental para construir una estrategia verdaderamente efectiva.
La posición geográfica de Bolivia, históricamente vista como una debilidad en términos de seguridad, se ha convertido en una fortaleza gracias a una política de Estado inteligente.
En lugar de simplemente defenderse, el país ha tomado la iniciativa, estableciendo controles en zonas estratégicas y promoviendo operativos conjuntos que desarticulan las redes criminales antes de que puedan consolidarse.
La tecnología
La innovación tecnológica también ha sido clave. El rastreo de flujos financieros ilícitos ha permitido golpear el corazón económico de estas organizaciones, demostrando que la lucha contra el narcotráfico va mucho más allá de la interceptación de drogas.
El viceministro Jaime Mamani aseguró que la evolución de las organizaciones criminales exige una respuesta igualmente dinámica y coordinada. Ya no se trata de combatir organizaciones locales, sino de desarticular redes transnacionales con estructura flexible y presencia multinacional.
Esta estrategia representa más que una política de seguridad. Es una declaración de principios sobre la soberanía nacional, la integridad institucional y el compromiso de Bolivia con el desarrollo social.
Cada operativo, cada red desmantelada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro y con mayores oportunidades para los ciudadanos bolivianos.
Los logros de estos cuatro años no son casuales. Son el resultado de una visión de Estado que entiende que la seguridad no se construye con acciones aisladas, sino con estrategias integrales, cooperación internacional y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho.
Apoyo UNODC y Unión Europea
Mamani informó sobre el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Unión Europea para identificar “puntos vulnerables” en los aeropuertos y mejorar los controles con la finalidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En febrero salió cerca de media tonelada de droga de Viru Viru, pero fue hasta el 30 de mayo que el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid incautó 478 kilos de cocaína.
La Fiscalía y la Policía activaron la investigación de oficio e identificaron en el hecho a un oficial de Policía, a exfuncionarios de Boliviana de Aviación (BoA), de la Aduana y a los dueños de una empresa de courier.
Hasta el momento se tiene a ocho personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Entre ellas a exfuncionarios de BoA, Aduana, un efectivo antidrogas y dos personas del courier José María.
La Paz/AEP