Desde el cambio de gobierno comenzó a mostrar una serie de conflictos de intereses y ataques al Estado.
La Paz, 31 de julio de 2023 (AEP).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que el magistrado boliviano en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), Gustavo García Brito, desde el cambio de gobierno comenzó a mostrar una serie de conflictos de intereses y ataques al Estado.
“Ha mostrado una situación de conflicto, ha mostrado una situación de ataque al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y una manifiesta enemistad con las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca”, dijo la autoridad.
Bolivia tiene una serie de cuestionamientos al fallo que recibió en contra, pues García, al emitir su voto, ya tenía un mes de haber renunciado a su cargo, por lo que se podría presumir un conflicto de intereses, ya que en La Paz se abrió un proceso penal por su irregular nombramiento.
Fue el 17 de julio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) emitió su fallo en contra de los intereses bolivianos. El tribunal, compuesto por cuatro jueces, empató en votos, dos a favor y dos en contra, por lo que se tuvo que llamar a un tercero, que se inclinó por la demanda peruana de reclamar trato igualitario en el precio de combustibles.
“Esta situación, la renuncia en junio y la decisión (fallo) en julio, muestra ya un conflicto de interés evidente”, afirmó Lima. Reveló que García Brito hizo conocer en su carta de dimisión de junio que tomó la decisión, justamente, por el proceso penal que tiene en Bolivia.
El ministro informó que “este caso está siendo analizado por la Procuraduría General del Estado” y señaló que esa sentencia, conforme al alcance del estatuto, podría ser objeto de un recurso de aclaración en un plazo de 15 días, y, adicionalmente, en 90 días también se podría plantear otro recurso que permita modificar la determinación.
Sostuvo que la posición como Gobierno nacional en la temática es de respeto a las determinaciones que asuma el tribunal “siempre y cuando estas estén en el marco de un debido proceso”.
