El 13 de noviembre, la esposa de Cristian S. y tres acompañantes ingresaron a la comunidad para entregar Bs 27.800 con la esperanza de negociar la liberación.
Cinco personas —tres hombres y dos mujeres— fueron retenidas, torturadas y asesinadas por un grupo de comunarios que buscaba encubrir la venta de armas a los bloqueadores ligados a Evo Morales, según informó ayer el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
“Cinco personas han sido retenidas y asesinadas por un grupo de comunarios de Pucamayu, municipio de Colomi, en Cochabamba. Entre las víctimas hay dos mujeres y tres hombres, uno de ellos miembro de la Fuerza Aérea Boliviana”, detalló Aguilera en conferencia de prensa.
El secuestro
El hecho se registró el 12 de noviembre, cuando Cristian S. ingresó por tercera vez a la comunidad. Allí fue secuestrado por comunarios que exigían la devolución de un adelanto de dinero entregado para la compra de fusiles.
La víctima logró comunicarse con sus allegados, quienes denunciaron el caso a la Policía Boliviana.
El 13 de noviembre, la esposa de Cristian S. y tres acompañantes ingresaron a la comunidad para entregar Bs 27.800 con la esperanza de negociar la liberación, pero también fueron retenidos. Según las investigaciones, las cinco personas fueron ejecutadas con disparos de escopeta, mientras que el vehículo en el que llegaron fue incendiado.
“Las víctimas fueron asesinadas para evitar que denunciaran la compra de armas en la zona”, afirmó Aguilera.
Cuatro de los cuerpos fueron encontrados en una fosa común luego de un operativo de bomberos y policías del grupo de Delta.
La Policía aprehendió a Ernesto A. Ch., identificado como uno de los autores intelectuales del crimen. Sin embargo continúan los operativos en la región para capturar a otros implicados, entre ellos Juan A. S., Sergio P., y Juan C., además de una persona aún por identificar, quienes han participado de manera activa en este asesinato.
Este violento episodio pone en evidencia la gravedad del tráfico de armas en contextos de conflicto social en el país, marcando una nueva alerta sobre el alcance de estas redes ilegales.
La Paz/AEP
