La iniciativa surge por un análisis exhaustivo del Cuadernillo de Jurisprudencia N°39 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, centrado en Bolivia.
La Procuraduría General del Estado recomendó al Órgano Judicial, a la Fiscalía y a la Policía Boliviana incorporar los estándares interamericanos de derechos humanos (DDHH) en sus fallos, resoluciones y actos, respectivamente.
Esta recomendación se encuentra en la Opinión Procuradurial PGE.SPDRLE.OP N°001/2024, un documento que destaca la necesidad de fortalecer las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y la defensa de los derechos a la integridad y la libertad personal.
La iniciativa surge por un análisis exhaustivo del Cuadernillo de Jurisprudencia N°39 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se centra en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este documento recopila casos y principios relevantes que sirven como guía para alinear las normas internas con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La recomendación fue hecha pública en el marco del Día de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, una fecha que conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este texto histórico establece los derechos inalienables de toda persona, sin importar su raza, color, religión, género, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
“Para prevenir futuras vulneraciones, la Opinión Procuradurial recomienda que las autoridades y servidores públicos incorporen estos estándares en el ejercicio de sus funciones. Además sugiere que las instituciones implementen de manera obligatoria el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el documento.
Como parte de esta estrategia, también se propone incluir el estudio de los estándares interamericanos en los programas de formación dirigidos a jueces, fiscales y policías.
Esta medida busca garantizar que los operadores de justicia y seguridad cuenten con las herramientas necesarias para actuar de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, promoviendo así una justicia más equitativa y transparente.
La Paz/AEP
