El informe, presentado ayer en Ginebra, subraya la implementación de políticas clave y el compromiso con los DDHH en el año del Bicentenario.
Liderada por el ministro de Justicia, César Siles, Bolivia presentó su cuarto informe de avances en derechos humanos ante el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la sesión se expusieron los logros y compromisos del país en derechos humanos, reafirmando la soberanía, la democracia y el Estado de derecho.
Entre los avances destacados, Bolivia subrayó la creación de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas (CPIE) y la actualización del sistema Siplus. También resaltó la ratificación de tratados internacionales y el cumplimiento de informes a organismos de la ONU.
En justicia
En justicia se realizaron más de 2.000 audiencias para descongestionar causas penales y se fortaleció la infraestructura judicial. En el ámbito electoral, Bolivia recibió observaciones internacionales, consolidando su proceso democrático con una alta participación ciudadana, destacó Siles en Ginebra, Suiza.
En la lucha contra la corrupción se implementó una política nacional y un observatorio ciudadano, atendiendo 163 casos en 2023. En cuanto a memoria histórica, se pagó el 80% del resarcimiento a víctimas de dictaduras y se promovieron proyectos de preservación histórica.
Bolivia también avanzó en derechos ambientales, salud, educación y en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Además se destacó el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas.
Siles agradeció las recomendaciones de 98 oradores y reafirmó el compromiso de Bolivia con la promoción y protección de derechos humanos.
En salud
En el ámbito de salud, el país destacó la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), que ha ampliado el acceso a servicios médicos gratuitos, y el Plan Nacional de Lucha contra el Covid-19.
Sobre derechos sexuales y reproductivos, Bolivia avanzó en la construcción de políticas públicas para la prevención de embarazos en adolescentes y en la atención integral a víctimas de violencia sexual, siguiendo protocolos establecidos por sentencias judiciales.
En educación, se incrementaron los recursos destinados al magisterio fiscal, mejorando la formación docente e impulsando la inclusión educativa. Asimismo, se promovieron programas para prevenir la violencia en las escuelas y fomentar un entorno de aprendizaje seguro.
AEP
