Rechazó que se diga de manera “antojadiza” que el PCC actúa libremente en el país.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, descartó ayer la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia, apoyándose en los reportes oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y en el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ratifica que en el país no existen estructuras de estas organizaciones criminales.
En referencia al Primer Comando de la Capital (PCC), el ministro explicó que, según estudios internacionales, esta organización delictiva de origen brasileño tiene presencia en al menos 28 países de cuatro continentes, pero no así en Bolivia. “No pueden señalar de manera antojadiza que nuestro país se ha convertido en un lugar donde el PCC actúe libremente”, enfatizó.
CIUDADANO BRASILEÑO
Sobre el caso del ciudadano brasileño Sergio Luis de Freitas, vinculado a dicho grupo, Ríos detalló que logró ocultarse en Bolivia gracias al uso de documentación falsificada y trámites irregulares de naturalización en 2014.
En la investigación se descubrió que certificados de matrimonio y nacimiento utilizados eran fraudulentos, y que la mujer boliviana supuestamente vinculada negó cualquier relación con él.
El ministro añadió que el Registro Civil y el Segip también confirmaron irregularidades en los documentos presentados.
“Es importante tener todos estos elementos en contexto antes de emitir comentarios apresurados. Lo que corresponde es esclarecer cómo ingresó y qué mecanismos utilizó este individuo, pero eso no significa que Bolivia sea base de operaciones del PCC”, concluyó Ríos.
El ministro reiteró que Bolivia trabaja de manera coordinada con organismos internacionales, como Interpol y la ONU, para reforzar los mecanismos de control migratorio y evitar que ciudadanos con antecedentes delictivos ingresen al territorio nacional.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantiene una política de “cero tolerancia” al crimen organizado y que los casos aislados no representan presencia estructural de cárteles en el país.
AEP
